La fábrica de Altri recibe 20 veces más alegaciones que la naufragada mina de Corcoesto

Contra la mina de oro que pretendía abrir la canadiense Edgewater, tumbada por la Xunta por falta de solvencia financiera de la empresa, se presentaron algo más de un millar de alegaciones y, en segunda instancia, más de 2.000 recursos a la DIA, pero la planta de fibras textiles ya ha recibido 23.000

Manifestación en Palas de Rei en oposición al proyecto de Altri para construir una fábrica de fibras textiles en el municipio / EP

Manifestación en Palas de Rei en oposición al proyecto de Altri para construir una fábrica de fibras textiles en el municipio / EP

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La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, explicó el pasado martes que la fábrica de fibras textiles que planea la pastera portuguesa Altri en Palas de Rei ha recibido más de 23.000 alegaciones desde la puesta en exposición pública del proyecto. A pesar de que, como es habitual en estos casos, hay argumentos repetidos y personas o entidades que presentan una batería de alegaciones –no son 23.000 alegantes–, el número es muy elevado y refleja una movilización contra la iniciativa más relevante de las impulsadas por el Gobierno gallego a los fondos europeos en cuanto a inversión. Altri prevé destinar más de 800 millones para construir el complejo.

Un reflejo de esta movilización es la comparativa con proyectos anteriores que también despertaron rechazo en una parte de la sociedad. Uno de los más emblemáticos fue la mina de oro de Corcoesto, que la canadiense Edgewater pretendía abrir en Cabana de Bergantiños y que contó con el aval inicial de la Xunta. La mina a cielo abierto hizo aflorar un buen número entidades ambientalistas y sociales que entraron en relación entonces y cuya conexión explica en buena medida la movilización actual en torno a la proliferación de proyectos eólicos o ante la propia factoría de Palas de Rei.

Sin embargo, frente a la explotación de Edgewater se presentaron algo más de un millar de alegaciones, según explican desde el colectivo que conformó la Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños, que luego se elevarían a más de 2.000 recursos contra la declaración ambiental positiva que emitió la Consellería de Medio Ambiente. La Xunta frenó la extracción de oro del subsuelo coruñés por la falta de solvencia financiera de la empresa promotora –la filial Mineira de Corcoesto–, pero no por cuestiones ambientales. La planta de Altri, en comparativa, ha recibido 20 veces más alegaciones, al superar las 23.000.

De Corcoesto a Altri

Paco García, en su momento portavoz de la Plataforma, explica que la situación es muy distinta a la de entonces, pues el colectivo se creó «de la nada». Apunta que, en el caso de la fábrica de la pastera lusa, se ha producido una rápida implicación a nivel comarcal e incluso más allá de la provincia. Uno de los temores más extendidos respecto al posible impacto ambiental de la planta de Palas de Rei es que afecte a los bancos de marisqueo de la ría de Arousa.

Señala también que la manera de compartir información es ahora mucho más rápida, poniendo como ejemplo los grupos de WhatsApp o Telegram. «¿En cuántos grupos de WhatsApp estábamos entonces?», se pregunta. Esta capacidad para transmitir mensajes, documentos o imágenes también facilita que haya más gente implicada y que se presenten un mayor número de alegaciones, argumenta.

Manifestación en Carballo contra la mina de Corcoesto / EP

Rechazo de la Xunta y demandas

La mina de Corcoesto naufragó en octubre de 2013. La Xunta alegó falta de solvencia financiera de Mineira de Corcoesto, que fue incapaz de reunir recursos equivalentes al 25% de la inversión que pensaba acometer. Unos meses antes, este medio ya había advertido que los fondos de la minera eran 100 veces inferiores a lo que le costaría poner a funcionar la explotación. Hasta años después de la resolución del Gobierno gallego, Edgewater todavía exhibía en su página web el vídeo de una comparecencia de Alberto Núñez Feijóo alabando el empleo y la actividad económica que generaría la mina.

El portazo a la multinacional acabó en varias demandas contra el Gobierno gallego en la que el entonces presidente de la empresa, George Salamis, insinuaba que altos cargos de la Xunta le habían instado a pagar sobornos. La ofensiva de la compañía, que incluso impulsó un arbitraje internacional, quedó en nada.

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