La CIG asegura que un informe ambiental de Altri fue encargado a una empresa externa
Según el sindicato, la Xunta utilizó el método que acaba de declarar ilegal el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para la tramitación ambiental de la planta de Palas de Rei en, al menos, un informe sobre la captación de aguas
Álvaro Ballesteros / Europa Press
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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha derogado parcialmente el decreto de la Xunta que regulaba y creaba el registro de las entidades de colaboración ambiental (ECA), pues los magistrados entienden que supone una «privatización» de la tramitación ambiental de proyectos y que empresas privadas suplanten la labor de la administración sin que esta tenga un control real sobre el proceso de evaluación.
La resolución de la Sala de lo Contencioso se produjo a raíz de una denuncia de la CIG, que, un día después de conocerse la sentencia, considera que va a significar «un antes y un después» en el proceso de tramitación ambiental. El secretario xeral del sindicato, Paulo Carril, augura incluso que el fallo puede servir para frenar la planta de pasta soluble y fibra textil que planea la portuguesa Altri en Palas de Rei.
Un informe de captación de aguas
Con el decreto sobre entidades de colaboración ambiental, la Xunta, según la central nacionalista, desarrolla su «práctica» de «compra de informes en el mercado» para «satisfacer intereses espurios de empresas». Según ha criticado el representante de la CIG Alexandre Prieto, previamente a la aprobación de la norma, en 2023, el Ejecutivo autonómico «centralizó» los informes en Santiago primero y estuvo «intimidando a funcionarios» después.
La anulación parcial, ahora, «afecta a parques eólicos, proyectos mineros… y a Altri», según han destacado los responsables de la CIG, que entienden que la Xunta –que ya ha avanzado que interpondrá recurso– va a tener que revisar las tramitaciones desde 2023. A la organización le consta, según dijo, que al menos un informe sobre la factoría de Altri, el relativo a la captación de aguas, «estaba hecho por una empresa externa».
Suplantar a la Administración
Según el sindicato, la pretensión de la Xunta es sustituir «la imparcialidad de los empleados públicos por empresas privadas pagadas que están al servicio de su lucro, no de los intereses generales». «Los funcionarios al final van a tener que hacer la firma a ciegas. No pisan el terreno, no ven el entorno, simplemente firman y si no, recibirán presiones o sanciones», lamentan.
«Por cautela entenderéis que no vamos a abrir muchas pistas, porque entre que estarán funcionando las destructoras de papel y las estufas de leña quemando cosas para que no dejen rastro», ha ironizado Carril.
También han apuntado los responsables de la CIG a la tramitación de la mina de Touro y han indicado que estudiarán pedir la ejecución provisional de la sentencia, para evitar «daños irreversibles».
