La agonía inmobiliaria: Martinsa-Fadesa cumple diez años en liquidación

Si hay una referencia empresarial para dibujar en la memoria colectiva el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, esa es Martinsa-Fadesa. Y si existe un epílogo que ilustra casi todo lo que no se debe hacer en una crisis de tal magnitud, incluso desde el plano del derecho concursal, esa es su liquidación, una fase que, con epicentro en el Juzgado de lo Mercantil número uno de A Coruña, cumple el próximo mes nada menos que diez años.

El que en su día representó el mayor concurso de acreedores de la historia empresarial española, protagonizado por un Fernando Martín que ni siquiera fue capaz de devolver los créditos bancarios con los que financió la oferta pública de adquisición (opa) pactada con el difunto Manuel Jove para adquirir Fadesa, deambula hoy entre las subastas que organizan sus actuales administradores y los juzgados que tramitan los recursos e impugnaciones contra las notificaciones de reconocimiento de créditos contra la masa a los acreedores, que se cuentan por cientos.

Otra vez a la lona

La secuencia histórica de esta singular crisis dice que en diciembre de 2014 Martinsa-Fadesa presentó una propuesta de modificación del convenio, como alternativa a su liquidación, y que debía ser aceptada, en su caso, por acreedores que supusieran un 75% de los créditos ordinarios, para posteriormente se validada por el juez. No pudo ser y el 3 de marzo de 2015 se presentó ante el juzgado solicitud de apertura de la fase de liquidación para Martinsa-Fadesa y cinco de sus sociedades dependientes (Inmobiliaria Marplus, Jafemafe, Fercler, Town Planning e Inomar) por imposibilidad de cumplir con los compromisos de pago asumidos en el convenio de acreedores. Meses después sería excluida de bolsa.

“La gran recesión que registró el sector inmobiliario durante los años de aplicación del convenio, alargando notablemente los plazos de recuperación que se contemplaban en el plan de viabilidad, provocó importantes desviaciones negativas de los ingresos por ventas, generación de caja, ventas extraordinarias contempladas, así como una importante depreciación de los activos inmobiliarios”, se vendrían a justificar los administradores concursales tiempo después en la última memoria presentada por la compañía, que data del ejercicio de 2020 y a la que ha tenido acceso Economía Digital Galicia.

Diez mil acreedores

En la crisis de Martinsa-Fadesa, que había entrado en concurso de acreedores en julio de 2008, ha pasado de todo. Incluso uno de sus administradores concursales, la afamada Antonia Magdaleno Carmona, acabó condenada a pena de cárcel por el Tribunal Supremo tras confirmase que se había aprovechado y había engañado al bufete al que pertenecía, Broseta Abogados, en la crisis de la inmobiliaria de Fernando Martín, en su día presidente del Real Madrid.

Cuando presentó la suspensión de pagos, Martinsa-Fadesa estimaba en algo más de 7.000 millones de euros su pasivo, y una nómina de acreedores que superaba los 10.000. De ellos, unos cincuenta eran bancos, que sumaban el 90% de la deuda de la compañía.

Prórrogas de la liquidación

Esa fase de liquidación aprobada en 2015 se prorroga cada año a través del juzgado de A Coruña, que valida los planes para liquidar sus activos, cancelar el pasivo y, en su caso, distribuir el excedente. Los ingresos de la inmobiliaria alcanzaron al cierre de 2020 los 39,9 millones de euros, un 15% menos que el ejercicio anterior en un año especialmente difícil. Esos son los números que ofrece la última cuenta de resultados presentada por los administradores en el Registro Mercantil. Del total, 23 millones de euros (el 57%) corresponden al mercado nacional. Ese año, su patrimonio neto negativo declarado ascendió a 6.474 millones.

Los administradores concursales de Martinsa-Fadesa, con el economista Diego Comendador al frente, defienden su gestión. La Ley Concursal no establece una duración máxima del período de liquidación, pero dispone en su artículo 153 una serie de consecuencias si la liquidación se prolonga más de un año, “sin que distinga, sin embargo, entre otros aspectos a valorar, el volumen de activos y su incidencia social, el estado actual urbanístico o la localización geográfica de los mismos”, se justifican en el último informe de gestión.