La Justicia europea condena a Bruselas por su veto al Aplidin de Pharma Mar
El Tribunal General de la Unión Europea ha dictado un auto en el que deshace el veto de Bruselas al Aplidin y condena al Ejecutivo comunitario al pago de las costas judiciales
José María Fernández de Sousa-Faro, presidente de Pharmamar
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Pharma Mar gana el pulso judicial a la Comisión Europea por el veto al Aplidin. La compañía que preside José María Fernández de Sousa ha remitido un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el cual informa de que el Tribunal General de la Unión Europea ha dictado un auto por el cual declara que el caso Aplidin (plitidepsina) queda sin objeto y el procedimiento judicial sobreseído.
El movimiento se produce cuatro meses después de que el pasado julio Bruselas acabase reconociendo que durante la evaluación del Aplidin como antitumoral «se produjo un conflicto de interés al permitir participar en el procedimiento de autorización de comercialización a un experto del grupo científico consultivo que desarrollaba productos rivales y trabajaba en la empresa XNK Therapeutics que también desarrollaba otro producto rival».
«Pharma Mar ha venido manteniendo desde octubre de 2018, cuando se presentó la demanda inicial, la existencia de un conflicto de interés de forma que ha quedado demostrada la injusticia que se produjo», ha subrayado la firma.
Pharma Mar pide «imparcialidad» y «transparencia»
A través de este auto, el Tribunal General de la UE declara que la Comisión Europea haga frente al pago de sus propias costas judiciales, así como a las de Pharma Mar en los procedimientos seguidos ante el Tribunal General de la UE y ante el Tribunal de Justicia de la UE. «El resto de las partes implicadas que defendían la misma postura de la Agencia Europea del Medicamento, EMA, es decir, Alemania, Estonia, Países Bajos y la propia EMA, asumirán sus propias costas», detalla la antigua Zeltia.
De cara al nuevo proceso de evaluación del Aplidin como tratamiento contra el mieloma múltiple, Pharma Mar avanza que «exigirá que el proceso de reevaluación se realice con absoluta imparcialidad, equidad, transparencia y cumplimiento de compliance por parte de la EMA.
