Vecinos de Ferrol presentan en el Juzgado partes médicos por los efectos de Sogarisa, del grupo de los Campo
Habitantes de la zona de As Somozas, Ecologistas en Acción y la asociación Acouga aseguran verse afectados por emisiones de la planta de tratamiento de residuos industriales, del grupo Rodonita
Instalaciones de Sogarisa en As Somozas, planta de tratamiento de residuos industriales- Foto: Sogarisa
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El Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol ha recibido varios partes médicos presentados por vecinos que, supuestamente, se han visto afectados por emisiones de cal viva que, aseguran, proceden de las planta de tratamiento de residuos industriales que la empresa Sogarisa tiene en As Somozas, en la provincia de A Coruña.
Las pruebas han sido aportadas por Ecologistas en Acción, Acouga (Asociación Galega de Consumidores e Usuarios) y varios residentes, en el marco de la ampliación de la acusación contra la empresa Sogarisa, del conglomerado empresarial Rodonida, en manos de la familia Campo.
En la ampliación de la demanda se han incorporado partes médicos que reflejan afecciones oculares y respiratorias sufridas por los vecinos tras un nuevo episodio, acontecido días antes del 13 de abril, cuando la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ordenó la suspensión de una parte de la actividad del Centro de Tratamiento de Residuos Industriales de Galicia (CTRIG), que gestiona la empresa Sogarisa, como medida cautelar y preventiva ante la detección de varios casos de intoxicación en el entorno.
Asimismo, aseguran que se ha adjuntado un informe técnico “que recoge evidencias de reiterados incumplimientos de la normativa ambiental vigente”.
Causa de principios de 2024
La causa se remonta a principios de 2024, cuando el juzgado ferrolano abrió diligencias previas para investigar un presunto delito contra la ordenación del territorio, en relación con las emisiones de cal viva utilizadas para estabilizar residuos líquidos peligrosos.
La sustancia, según denuncian las entidades, estaría siendo expulsada al exterior en forma de vapores, algo que vulneraría la normativa de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC), que exige que estos procesos se realicen en instalaciones cerradas, con sistemas de aspiración y supresión de partículas.
Según las asociaciones denunciantes, la Xunta de Galicia “sostiene que la plante de procesamiento funciona correctamente” y que “la antigua unidad de estabilización con cal ya no se utiliza”. No obstante, las organizaciones ecologistas y de consumidores aseguran que los episodios de emisiones continúan produciéndose, afectando de forma directa a la población próxima a la planta.
El nuevo informe técnico presentado ante el juzgado recoge las conclusiones de varias inspecciones realizadas en los alrededores del Centro de Tratamiento de Residuos Industriales de Galicia (CTRIG). Aseguran los denunciantes que, en los mismos, “se constata un incumplimiento reiterado de la evaluación ambiental integrada, lo que refuerza la acusación contra Sogarisa”.
