La jueza del ‘caso Alu Ibérica’ alarga seis meses la investigación a Parter y Grupo Industrial Riesgo
La jueza María Tardón ha acordado alargar hasta octubre la investigación de la venta de Alu Ibérica, en la cual se analiza la existencia de presuntos delitos de estafa agravada, apropiación indebida, pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad de los trabajadores
Un grupo de personas protesta con una pancarta durante una concentración frente a la fábrica de Alu Ibérica, a 14 de marzo de 2023, en A Coruña, Galicia (España). M. Dylan – Europa Press – Archivo
Comentarios
El cierre de la investigación del denominado caso Alu Ibérica tendrá que esperar. La juez de la Audiencia Nacional que investiga la querella que presentó en 2020 la Confederación de Cuadros Profesionales ha acordado alargar seis meses más las pesquisas que lleva a cabo sobre el proceso de venta de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés.
Según desvela la agencia Europa Press, la jueza María Tardón ha emitido un auto en el que se explica que lo pertinente en este caso es prorrogar hasta el 26 de octubre la investigación que dirige sobre presuntos delitos de estafa agravada, apropiación indebida, pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad de los trabajadores.
La querella que dio origen a la causa se dirige contra Víctor Rubén Domenech, líder del Grupo Industrial Riesgo, así como contra las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL o el fondo suizo Parter Capital Group.
«Empresas pantalla»
Según los querellantes, los acusados planearon el pase de las plantas de Alu Ibérica a Parter para trasladar su titularidad al Grupo Industrial Riesgo y, con ello, dejaron las dos factorías «en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el plan de negocio, ni el pago de los salarios de los trabajadores, ni la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo».
La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 ha prorrogado las pesquisas –a petición de la Fiscalía y de cuatro representaciones procesales– al entender que la investigación no podía cerrarse el pasado 26 de abril, cuando vencía el plazo de instrucción, y «sin perjuicio» de que luego pueda acordar nuevas prórrogas.
«En particular, y en el estado que se encuentra el procedimiento, no es posible saber si de la contestación dada a los oficios dirigidos a las compañías Binance Cryptocurrency Exchange Platform y Payward Trading Ltd se va a derivar o no la necesidad de practicar nuevas diligencias de instrucción, pues no consta que la Policía Judicial haya presentado su informe relativo a la cumplimentación de dichos oficios», ha señalado Tardón en su auto.
Asimismo, la instructora ha incidido en que aún tiene declaraciones pendientes en el marco de la investigación y que no descarta que tenga que practicar «nuevas diligencias» para «confirmar o contrastar» lo declarado por Luis Losada y Francisco Javier Fernández de Bobadilla, investigados en la causa.
