El día que Jacinto Rey (San José) demandó a sus propios abogados, Baker & Mckenzie

A Jacinto Rey, el dueño de la constructora pontevedresa San José, se le presentó un problema. Era uno menor, si se tienen en cuenta los padecimientos del empresario durante la crisis financiera, pero acabó con él y sus abogados, Baker & McKenzie, dirimiendo sus diferencias en los tribunales. El dueño de la constructora pontevedresa, que ahora se prepara para afrontar uno de los grandes proyectos de su trayectoria, la Operación Chamartín, demandó al despacho que él mismo había contratado disconforme con su asesoramiento en materia fiscal, pues a su entender le había generado un perjuicio económico de 1,13 millones en el impuesto del IRPF del año 2017.

Para hallar la raíz del conflicto hay que irse a 2014, en plena negociación de San José con la banca acreedora para intentar refinanciar la deuda del grupo, atragantada por la difícil digestión de Parquesol y por los efectos de la crisis financiera. A principios de ese año, Jacinto Rey contrata a Baker McKenzie para que le preste servicios de asesoramiento fiscal con su patrimonio y sus sociedades.

Una de las tareas que hubo de afrontar la oficina de Barcelona del despacho surgió cuando la familia Rey tuvo la necesidad de dotar de liquidez a la sociedad patrimonial Pinos Altos XR, a través de la que controlan el 23,3% de Grupo Empresarial San José. Como detrás de un problema puede esconderse una oportunidad, Jacinto Rey quiso aprovechar la operación para donar a sus hijos participaciones en la sociedad, beneficiándose de la bonificación del 99% de la Comunidad de Madrid para evitar la carga tributaria. Lejos de conseguirlo, acabó pagando 1,13 millones en el IRPF por la plusvalía, algo que no sentó nada bien al antiguo profesor de matemáticas, que demandó a Baker & McKenzie achacándoles un negligente servicio.

La operación fallida

El relato de la operación lo narra la Audiencia Provincial de Barcelona, que el año pasado resolvió un recurso de apelación presentado por los dueños de San José contra la resolución desestimatoria de primera instancia. Los magistrados, que exoneran de responsabilidad a Baker & McKenzie y no ven rastro de conducta negligente alguna por parte del despacho, explican en su sentencia que Jacinto Rey tenía una baza a su favor para inyectar liquidez en Pinos Altos, contaba con créditos otorgados a la sociedad por importes millonarios que podía capitalizar.

En base a ellos, se decidió un movimiento en tres partes para sanear y reordenar la sociedad patrimonial. Primero, hacer una aportación para solucionar el problema de tesorería; después ampliar capital con la capitalización de un crédito de 16,7 millones, operación que se realizó en junio de 2017; y, finalmente, que el empresario hiciese donaciones a sus hijos de participaciones por un valor aproximado de 4,2 millones cada una, lo que también se llevó a término ese mismo mes de junio.

En la responsabilidad sobre el diseño de esta secuencia de movimientos es donde surgen las discrepancias, que el tribunal resuelve en favor de Baker & McKenzie. El despacho sostiene que «ni planificó ni proyectó las dos operaciones sucesivas que llevó a cabo el demandante (capitalización del crédito y posterior donación de participaciones a sus hijos) y que acabarían con Jacinto Rey pagando 1,13 millones en el IRPF por la diferencia de valor (plusvalía) entre el precio de adquisición de esas participaciones y el que tenían en el momento de la donación.

Las advertencias de Baker&McKenzie

Los magistrados se apoyan en las declaraciones de las partes y los correos electrónicos que intercambiaron para establecer la responsabilidad de cada uno. «En realidad, la intención inicial del demandante era, a la par que solucionar el tema de liquidez o tesorería de Pinos Altos, efectuar una donación a sus hijos , y lo primero que aconsejó la demandada es no donar ni bienes inmuebles ni obras de arte, sino dinero –salvo que procediera, por ejemplo, de un fondo de inversión–, pues en otro caso se generarían plusvalías objeto de tributación», dice el fallo.

En una segunda advertencia, en un correo de marzo de 2016, Baker & McKenzie informa sobre la donación del derecho de crédito, un concepto diferente de una capitalización y posterior donación de las participaciones sociales. Finalmente, tras la ampliación de capital en Pinos Altos, el despacho manifiesta su preocupación por el impacto que tendría en el IRPF la donación y pide que no se formalice nada hasta estudiarlo con detenimiento.

«A pesar de estas advertencias, es el demandante el que decide seguir adelante con la donación», dice la sentencia. «No hay rastro documental del que inferir que, como afirma el demandante, aquellas operaciones fueran estudiadas, planificadas y proyectadas por la demandada
desde su inicio. Tanto la capitalización del crédito como la posterior donación de participaciones se llevaron a cabo a iniciativa del demandante«, concluyen los magistrados.

La decisión judicial

Baker & McKenzie aún estuvo asesorando al dueño de San José tras la donación efectuada y trasladando «sugerencias o ideas para intentar evitar pagar lo que finalmente hubo de pagarse», dice la Audiencia Provincial. «No puede sostenerse que pagar el IRPF que corresponde por
una operación libremente decidida por el demandante sea consecuencia de un negligente asesoramiento por parte de los abogados», concluyen los magistrados, que rechazan el recurso de Jacinto Rey y le imponen las costas judiciales.

Pinos Altos, con unos activos de 37 millones, está controlada por el empresario pontevedrés, que detenta un 60% del capital. Sus hijos, Jacinto y Javier Rey Laredo tienen el 20% cada uno. Economía Digital se puso en contacto con Baker & McKenzie para conocer el recorrido judicial del caso, pues contra esta sentencia de la Audiencia Provincial podía interponerse un recurso de casación. Sin embargo, no quisieron hacer comentarios. En el caso de San José, alegaron que no tienen información sobre accionistas y tampoco facilitaron contacto alguno.