La guerra judicial en la eólica gallega amenaza inversiones estratégicas de Endesa y Naturgy

El grupo que dirige José Bogas está desarrollando una inversión de 1.000 millones en Galicia para instalar 800 megavatios eólicos claves para sus objetivos de descarbonización; Naturgy estima en 227 millones el impacto máximo de la judicialización de sus proyectos renovables en España

José Bogas, consejero delegado de Endesa / Endesa

José Bogas, consejero delegado de Endesa / Endesa

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Además del sector eléctrico, Endesa y Naturgy tienen en común haber operado centrales térmicas en Galicia y haber diseñado planes de inversión para reemplazar el carbón por energías renovables en la comunidad. Los proyectos vinculados a la transición justa de Meirama y As Pontes, así como otras inversiones de las compañías para avanzar en sus objetivos de sostenibilidad, se topan ahora con el enredo jurídico en el que cayó de nuevo la eólica gallega, una tecnología que, por su recorrido, parecía más segura para encabezar los planes estratégicos y por la que ambos grupos apostaron.

El riesgo de una parálisis en el desarrollo de parques, algo de lo que alertan tanto la Xunta como la patronal eólica, amenaza ahora los planes que trazaron las eléctricas y que, de hecho, ya han sufrido traspiés en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con la suspensión cautelar de proyectos renovables que ya tenían el aval ambiental del Gobierno gallego.

La transición justa tropieza con la Justicia

El equipo que dirige Francisco Reynés planteó en Meirama el desarrollo de un hub de producción de hidrógeno verde y una planta de biogás en alianza con Repsol y Reganosa, instalaciones a las que prevén destinar más de 200 millones.

Asociados a estos proyectos, la antigua Gas Natural Fenosa pretende construir dos parques eólicos denominados Meirama y As Encrobas. El primero tendrá una capacidad instalada de 49,5 megavatios y se ubicará en los municipios de Cerceda, Carral y Ordes. El segundo, en los mismos concellos pero con menor potencia (20 megavatios), forma parte de los parques frenados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que suspendió las autorizaciones administrativas y de construcción que le había otorgado la Xunta.

Naturgy pone cifras a la guerra judicial

Naturgy, que está desarrollando su plan estratégico quinquenal hasta 2025, vio como otros dos proyectos eólicos en Galicia (Picoto y Campo das Rosas) fueron también paralizados en la Sala de lo Contencioso. En sus últimas cuentas anuales, la eléctrica registra un deterioro de 20 millones por la paralización de renovables que estaban en construcción. La cifra coincide con la inversión prevista para As Encrobas, aunque la compañía incluye también una instalación fotovoltaica que hubo de frenar por el hallazgo de un yacimiento arqueológico.

La exposición de la compañía en su memoria de ejercicio da cuenta de cómo la transición energética pasa también por los tribunales. Según explica, «los permisos concedidos a algunas instalaciones de generación eólica o fotovoltaica en España, construidas o en construcción, han sido recurridos en vía judicial, lo que, en caso de que se estimaran tales recursos, podrían afectar a su viabilidad». Naturgy considera probable un impacto de 15 millones, pero eleva hasta 227 el riesgo máximo asociado a la judicialización. Es decir, están en riesgo 227 millones por las denuncias contra sus proyectos renovables.

El plan estratégico de Endesa

La inversión de Endesa en la eólica gallega es más relevante. La compañía que apagó la central de As Pontes, la mayor térmica de España, prevé añadir 800 megavatios de capacidad con los nuevos proyectos en Galicia, para lo que tendrá que invertir unos 1.000 millones. Además, parte de los complejos energéticos están asociados a la industria a través de PPA (acuerdos de suministro a largo plazo) que deben abastecer a Alcoa en San Cibrao y a la nueva fábrica de neumáticos que quiere construir Sentury Tire en los terrenos de la central térmica.

Endesa tiene como objetivo alcanzar los 13.900 megavatios de potencia renovable en 2026 y llegar así al 93% de producción en la Península Ibérica libre de emisiones. Las tres inversiones clave para conseguirlo son los proyectos de transición justa de Andorra (Teruel), Pego (Portugal) y Galicia, con la particularidad de que esta última se centra exclusivamente en el eólico.

Los planes del grupo de José Bogas, sin embargo, también han topado con los tribunales. El TSXG suspendió los desarrollos del parque Monte Neme, entre Carballo y Malpica, y del Chao do Marco, en Becerreá, que suman en conjunto unos 65 megavatios. Es una pequeña parte de los 800 megavatios que prevé instalar, por lo que la eléctrica continúa desarrollando sus proyectos en Galicia. Una parálisis total, como la que aventuró Alfonso Rueda, la obligaría a repensar su plan estratégico.

Por qué se paran los parques

Las resoluciones del TSXG no exhiben un único argumento para la paralización de los parques eólicos. En el caso del Monte Neme o de As Encrobas la Sala vinculó la suspensión de los permisos al riesgo ambiental, mientras que frenó el parque Campo das Rosas por el procedimiento de información pública de los informes sectoriales, el asunto sobre el que la Sala de lo Contencioso trasladó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los recursos que están presentando asociaciones ecologistas como Petón do Lobo, Adega o Ecoloxistas en Acción, –pero también ayuntamientos y vecinos de la zona donde se instalan los aerogeneradores– también han sido estimados en otras ocasiones por entender los magistrados que existía una fragmentación artificial de los proyectos.

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