Pellizco de 1,4 millones para A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo por el IBI de la AP-9
Audasa, que hasta ahora solo solo abonaba el 5 % del impuesto de bienes inmuebles gracias a una bonificación otorgada en una ley de 1972, tendrá que pagar por este concepto a más de 30 concellos de A Coruña y Pontevedra por los que pasa la autopista
Imagen de la AP-9 en Vigo – EUROPA PRESS
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Más de 30 concellos de A Coruña y Pontevedra por los que pasa la autopista AP-9 verán incrementados sus ingresos este año en concepto del IBI que paga la concesionaria de esta vía, una tasa que, hasta ahora, estaba bonificada en un 95 % al amparo de una ley del año 1972.
Tras finalizar la vigencia de esa bonificación, solo las grandes ciudades de A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo ingresarán este 2024 un total de 1,4 millones de euros, frente a los poco más de 70.000 euros que han cobrado por este concepto el año pasado, multiplicando por 20 el importe.
En el caso de la ciudad olívica, según ha confirmado su alcalde Abel Caballero en las últimas horas, la concesionaria pasará de pagar una tasa de unos 18.000 euros a abonar 383.000; mientras que la ciudad de Pontevedra ingresará casi 315.000 euros, frente a los 15.740 euros cobrados hasta ahora; y A Coruña, han confirmado este jueves fuentes municipales, cobrará algo más de 26.000 euros, frente a los 1.312 euros anteriores.
Santiago es la ciudad que más ingresará por este concepto. Hasta ahora cobraba a Audasa, con la bonificación del 95 %, unos 35.000 euros, y este año ha pasado ya un recibo de unos 700.000 euros. Unos fondos adicionales que, ha destacado la alcaldesa, Goretti Sanmartín, revertirán en «seguir mejorando los servicios públicos e infraestructuras locales».
A estos incrementos hay que sumar los del resto de municipios por los que discurre la llamada Autopista del Atlántico. Así, en su momento, fuentes de la Diputación de A Coruña habían estimado los ingresos de 18 ayuntamientos de la provincia en unos 3,7 millones de euros (frente a los 175.000 euros anteriores) en concepto del IBI que debe pagar la concesionaria.
En el caso de la provincia de Pontevedra, la Diputación señaló en su momento que los ayuntamientos que gestionan sus tributos a través de la oficina ORAL (Barro, Caldas, Meis, Pontecesures, O Porriño, Poio, Mos, Moaña, Tui, Valga, Pontecesures y Vilaboa) pasarán de cobrar unos 118.000 euros a recibir un total de unos 2 millones.
