Iberdrola reclama contra la sanción de 25 millones por inflar el precio de la luz tras salir absuelta en la Audiencia Nacional

Iberdrola finalizó el año pasado un tortuoso proceso judicial que acabó por sentar en el banquillo a la propia compañía y a cuatro de sus directivos en una acusación por manipular los precios eléctricos desde sus centrales hidroeléctricas del Sil, en Galicia, así como las del Duero y del Tajo. El grupo que capitanea Ignacio Sánchez Galán recibió una sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional el 4 de enero de 2024, pero todavía quedó un fleco suelto: la multa de 25 millones que le impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuya investigación fue el arranque del caso.

La eléctrica explica en su memoria de ejercicio que está manos a la obra para tumbar también esta última atalaya. «Se están realizando alegaciones en contra del acto sancionador al no haberse infringido ningún precepto legal, tal como reconoce la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional», dice Iberdrola en el documento. El recurso contra la multa de 25 millones que le impuso la CNMC en noviembre de 2015 quedó en suspenso hasta la resolución del procedimiento penal. También estaba suspendido el pago de la sanción, ya que la compañía presentó un aval bancario para garantizar que haría frente a la multa. Lo que busca ahora Iberdrola no es la devolución del dinero sino la eliminación de la sanción, que todavía perdura en la Sala de lo Contencioso.

Iberdrola no hizo nada ilegal

Para conseguirlo, el Juzgado Central de lo Penal le ha dado buenos argumentos en su sentencia absolutoria. Concluyó el magistrado que Iberdrola no había incurrido en ninguna actuación ilegal en el periodo analizado, entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013. “No puede obviarse que la energía hidroeléctrica es y era al tiempo de los hechos enjuiciados de libre mercado, y que, como señalan los tres miembros de la CNMC, que intervienen en el expediente administrativo sancionador incoado a Iberdrola Generación (filial de Iberdrola) y que actúan en juicio como peritos de la acusación, los precios de la energía hidroeléctrica al tiempo de los hechos enjuiciados era libre para todas las compañías generadoras con la única limitación de no poder alcanzar los 180 euros el megavatio hora, limitación que desaparece tiempo más tarde por exigencias de la Comunidad Europea”, dice la sentencia.

Y añadía el juez que “resulta francamente harto complicado apreciar la existencia de un delito por la realización de algo que no estaba prohibido y por tanto se encontraba legalmente permitido”. Además, el fallo señala que hubo otras eléctricas que ofertaron precios elevados en el periodo y también descarta que Iberdrola tuviese intención de represaliar al Gobierno por la retirada en los Presupuestos del Estado correspondiente al año 2014 de la partida 3.600 millones de euros a la que se había comprometido el exministro José Manuel Soria con las compañías generadoras para paliar el déficit eléctrico.

Tanto la CNMC como la Fiscalía consideraban que Iberdrola ideó un sistema para incrementar el precio de la electricidad y la acusaban de un delito contra el mercado y los consumidores. El fiscal pidió cuatro años de prisión para los directivos y una multa de 125 millones e Iberdrola.

La Fiscalía señala ahora a Naturgy

Tras el mal trago de Iberdrola, ahora es Naturgy la que encajó una querella de la Fiscalía también por inflar presuntamente los precios de la energía. Y también desde Galicia, pues lo habría hecho en el mercado de restricciones técnicas a través de su central de ciclo combinado de Sabón (A Coruña) entre marzo de 2019 y diciembre de 2020. La querella ha sido admitida a trámite por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por presunto delito relativo al mercado y los consumidores.

El procedimiento penal tiene también como base la investigación de la CNMC que derivó en una sanción de 6 millones contra el grupo y una indemnización de 35,5 millones a Naturgy por los sobrecostes ocasionados al sistema con su conducta que hubo de abonar a Red Eléctrica. Esta cuantía se corresponde, por tanto, con los 43,2 millones las ganancias indebidas que logró la compañía según la investigación del superregulador, pero descontado el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.

En este caso, Fiscalía y superregulador creen que Naturgy aprovechó los momentos de baja competencia, básicamente cuando no estaba activa la otra central de ciclo combinado de Galicia, la de Endesa en As Pontes, para incrementar artificialmente sus ofertas en el mercado de restricciones técnicas y obtener así unos ingresos que consideraron ilícitos.