Hacienda abre inspecciones a Audasa y a su dueña Itínere en plena ofensiva sobre la concesión de la AP-9

La Agencia Tributaria ha comunicado a Itínere, dueña de la concesionaria de la AP-9, el inicio de actuaciones de comprobación del Impuesto sobre Sociedades y el IVA de los años 2019 y 2020

Vista de la AP-9 en Vigo

Imagen de la AP-9 en Vigo – EUROPA PRESS

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Ofensiva por dos frentes contra Audasa. El Congreso de los Diputados aprobó este jueves con los votos favorables del PP, Sumar, BNG, Bildu y ERC la moción para exigir al Gobierno que inicie los trámites para anular los 24 años finales de su concesión de la AP-9 y para que aborde tanto la supresión de los peajes como la transferencia de la titularidad del vial a la Xunta.

El movimiento ha tenido lugar con la abstención de un PSOE que advirtió de su elevado impacto sobre las cuentas públicas a través del ministro de Transporte. Óscar Puente asegura que el coste de liberar los peajes de la autopista entre Ferrol y la frontera portuguesa ascendería a 4.000 millones, el triple de la actual deuda de la concesionaria (1.100 millones de euros), al incluir también el lucro cesante por valor de casi 3.000 millones.

La Agencia Tributaria llama a la puerta de Itínere

Pero a esta ofensiva parlamentaria contra Audasa se suma el propio cerco del Ministerio de Hacienda. Y es que, según reconoce el grupo Itínere (dueña de Audasa) en sus cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2023, la Agencia Tributaria ha iniciado un procedimiento de inspección fiscal.

En el apartado de hechos posteriores al cierre, el grupo asegura que «con fecha 7 de febrero de 2024 las sociedades del grupo Itínere, Enaitínere, Audasa y Aucalsa han recibido de la Agencia Tributaria comunicación de inicio de actuaciones de comprobación e investigación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020″.

Además, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha abierto idéntico proceso en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente «a los periodos de enero a diciembre de 2020». «Como consecuencia, entre otras, de las diferentes interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales derivados de dichos pasivos», reconoce Itínere, que avanza que, «en caso de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales consolidadas».

Las pesquisas de la Agencia Tributaria giran en torno a la propia matriz, así como otras dos infraestructuras con las que vertebra tanto Galicia de Ferrol a Tui (AP-9) como Asturias con León (lo hace a través de la AP-66, cuya concesión está en manos de Aucalsa).

Las cuentas pendientes

De esta forma, Itínere protagoniza un nuevo encontronazo con una Agencia Tributaria con la que todavía tiene cuentas pendientes. Y es que la dueña de Audasa, que cerró el 2023 con unas ganancias de 4,2 millones (un 73% menos que en 2022) relata en su memoria anual que ya en julio de 2019 recibió la comunicación de idénticas actuaciones para revisar el pago del Impuesto de Sociedades correspondiente a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.

Estas investigaciones se extendían también al IVA, las retenciones sobre rendimientos del trabajo y actividades económicas y retenciones del capital mobiliario correspondientes al periodo que abarca de julio de 2015 a diciembre de 2017. Itínere firmó al año siguiente actas de conformidad sobre todos los puntos, pero, en paralelo, interpuso una reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central contra el acuerdo de liquidación relativo a las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de No Residentes de los años 2016 y 2017, así como sobre el acuerdo de liquidación relativo al Impuesto de Sociedades. De él no resultaba «importe a ingresar», pero la sociedad consideraba que minoraba «gastos financieros a deducir en el futuro correspondientes a las obligaciones convertibles».

Tras este movimiento, la compañía decidió interponer otra reclamación económico-administrativa contra el acuerdo de liquidación final del Impuesto de Sociedades. «El resultado de dicho acuerdo ascendió a un importe a ingresar de 1,22 millones de euros, abonados el 3 de febrero de 2022, en relación con una deducción por doble imposición generada por la sociedad participada Enaitínere, así como por ajustes por planes de pensiones en la filial Audasa«, recalca la firma.

En el momento de la formulación de sus últimas cuentas anuales, Itínere asegura no haber recibido ningún tipo de resolución del TEAC en relación a estas tres reclamaciones.

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