Greenalia y Capital Energy, las más castigadas por la ola de paralizaciones judiciales de parques eólicos

La oleada de paralizaciones de parques eólicos en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia amenaza con cortocircuitar el desarrollo de todo el sector, algo que ya ha dado por hecho el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, una vez que la Sala de lo Contencioso decidió elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por si la manera de tramitar los informes sectoriales de los complejos vulnera la normativa comunitaria.

De producirse esta parálisis a causa de la inseguridad jurídica, una de las grandes afectadas será Endesa, que prevé destinar 1.000 millones hasta 2025 para instalar aerogeneradores en la comunidad con el objetivo de sumar unos 800 megavatios. Además de los objetivos verdes de la compañía, los parques del segundo mayor operador eólico de la comunidad –por detrás de Iberdrola— también tendrían impacto en la industria, pues parte de ellos estarían enfocados a alimentar con energía renovable a Alcoa o a la nueva factoría de neumáticos de Sentury Tire en As Pontes, zona de transición justa tras el cierre de la térmica del grupo que dirige José Bogás.

Precisamente, Endesa, junto a Greenalia y Capital Energy, fueron las compañías que más parques sacaron adelante en la oleada de aprobaciones de la Xunta a principios de 2023, cuando se produjeron decenas de evaluaciones exprés para evitar la caducidad de derechos de acceso. Sin embargo, son estas dos últimas, Greenalia y Capital Energy, las que hasta ahora suman más megavatios paralizados por el TSXG.

Suspensión cautelar de parques

El grupo gallego de renovables ha visto como quedaba suspendido el desarrollo de, al menos, cuatro parques, según las sentencias que ha difundido el órgano judicial. Es el caso del parque Bustelo, el de mayor tamaño con 45 megavatios, al que se suman Campelo, O Cerqueiral o Felga. Los complejos, todos judicializados, suman 130 megavatios. Esta capacidad es bastante mayor a la que Greenalia tiene en operación en eólica onshore, con 74,6 megavatios repartidos en cinco parques gallegos.

Otros dos parques promovidas por la compañía que dirige Manuel García, As Penizas y Touriñán III-2, también tropezaron en el tribunal, pero formaban parte de los 182 megavatios que la empresa gallega vendió a Engie el pasado junio, antes de que la suspensión de los permisos en el TSXG. Los complejos suman 55 megavatios.

En el caso de Capital Energy, que había conseguido la aprobación de más de 400 megavatios en la contrarreloj administrativa de hace un año, hay al menos tres parques paralizados que sumarían una potencia de 103,5 megavatios. Entre los complejos metidos en la nevera por resolución judicial estarían los parques Zamorra (Agolada), Reboiro (Baralla, Castroverde y O Corgo) o Rodeira (Vila de Cruces y Lalín).

Endesa también cuenta con sentencias desfavorables del TSXG, cuando menos, en los desarrollos de Monte Neme (Carballo y Malpica) y Chao do Marco (Becerreá), unos 65 megavatios. Entre las compañías afectadas por las paralizaciones estarían también Naturgy, con más de 60 megavatios; la ourensana Adelanta Corporación, con 84 megavatios; y en menor medida Fergo, Norvento o Engasa.

La guerra judicial

La Asociación Empresarial Eólica, la patronal española del sector, advirtió esta semana que hay unos 60 proyectos eólicos y unos 3.000 megavatios de potencia judicializados en Galicia, aunque no dio detalles de los parques y promotores en esta situación. «Hablamos de unos 4.200 millones de euros y alrededor de 4.800 empleos durante cinco años», dijo en un comunicado, en el que achacaba la inseguridad jurídica a «minorías que no se identifican como corresponsables en proyectos sociales y económicos de futuro para su propia tierra», en aparente referencia a los colectivos ecologistas que están presentando las denuncias contra los proyectos.

El pronunciamiento de la patronal fue anterior a la decisión de la Sala de lo Contencioso de plantear la prejudicial ante la Justicia europea, lo que podría provocar un frenazo de años en el desarrollo eólico de la comunidad en pleno proceso de transición energética. Las empresas, por el momento, han centrado sus críticas en la interpretación de la Sala de lo Contencioso y no en el proceso de tramitación de la Xunta, que es lo que cuestionan los magistrados, ya que entienden que la norma en la que se fundamenta es garantista.

Especialmente después de que el Tribunal Supremo avalara el procedimiento el pasado diciembre en una sentencia sobre una repotenciación de EDP en el parque eólico Corme G-3, ubicado en Ponteceso. Las sentencia consideró que validó la reducción de plazos que estableció la Xunta para alegar contra los proyectos y consideró innecesario que los informes sectoriales deban recabarse y estar disponibles antes del trámite de información pública. El TSXG plantea en Europa, precisamente, si la normativa comunitaria obliga a que estos informes se pongan a disposición del público para que puedan formular alegaciones antes de su aprobación, paso que incumpliría el procedimiento que utiliza el Gobierno gallego.