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Galicia se desfonda en el ranking eólico: Aragón instaló 38 veces más potencia en 2023
Según los datos de la patronal eólica, la comunidad instaló solamente 8 megavatios el año pasado, muy por debajo de los 307 de Aragón o los 92 de Castilla-La Mancha, que la superan en potencia instalada junto a Castilla y León
Operarios en un parque eólico / Disa Group / Anuario AEE
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La parálisis del sector eólico gallego, otra vez en el congelador por motivos judiciales, puso a la Xunta camino de Bruselas mientras los empresarios ponían el grito en el cielo. La Asociación Eólica de Galicia considera que el estado actual es «catatónico», después de que los megavatios instalados en 2023 se quedaran en solamente 8, mientras cerca de 60 parques se encuentran paralizados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como medida cautelar ante el riesgo ambiental que acarrea su construcción. Esta decisión, ahora pendiente de la cuestión prejudicial elevada a la Justicia europea, pone en cuestión la metodología del Gobierno gallego para autorizar los proyectos, pues todos ellos tenían luz verde de la Consellería para salir adelante.
El cortocircuito del sector tiene consecuencias en la inversión que recibe Galicia y en los empleos que generan los parques, que son básicamente los de su construcción. Pero también acarrea problemas a nivel industrial, pues la transición energética exige megavatios renovables que puedan abastecer a empresas como Alcoa, cuyo futuro en San Cibrao está en entredicho.
El ranking eólico
Además, este último episodio de inseguridad jurídica, un viejo mal que aqueja el sector a lo largo de toda su trayectoria, hace que la comunidad pierda cada vez más peso en capacidad eólica en comparación con los distintos territorios del Estado. De hecho, ya no está en el pódium, pues la superan en potencia instalada Castilla y León (6.517 MW), Aragón (5.229 MW), y Castilla-La Mancha (4.878 MW).
La eólica gallega no está ni cerca de estas cifras, pues cuenta con 3.874 MW instalados. Según los datos de la Asociación Eólica Española, los mismos que utiliza la gallega, desde el año 2020 solo se han colocado 45 megavatios, mientras que Aragón, en el último ejercicio, instaló 307, es decir, siete veces más que Galicia en los últimos tres años o 38 veces más si contamos solamente el ejercicio de 2023.
Castilla-La Mancha, la tercera en el ranking eólico español, sumó una potencia de 92 MW el año pasado, 11 veces más que en tierras gallegas. El líder del sector, Castilla y León, obtuvo cifras más parecidas a las de la comunidad vecina, pues se quedó en el último año en 10 MW.
Los tiempos judiciales
El problema es que todo apunta a que la distancia seguirá creciendo, pues la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea llevará tiempo. Según informó el TSXG, ha aceptado dar prioridad a la resolución de la cuestión prejudicial, pero no a tramitarla de manera acelerada. El TJUE explica en el auto remitido al alto tribunal gallego que, si bien la tramitación del procedimiento acelerado puede estar justificada “cuando exista un riesgo de que se produzcan consecuencias irremediables para el medio ambiente”, en este caso “no se desprende que tal riesgo exista en el litigio principal”, pues destaca que “no se infiere que los parques eólicos de que se trata se estén construyendo, a pesar de los recursos interpuestos”.
En este escenario, la Xunta y la patronal eólica gallega han pedido al Ministerio de Medio Ambiente y Enegía que les ayude a desbloquear la parálisis «Lo que le vamos a pedir al Ministerio es ir de la mano. Ir de la mano por tratarse de un problema no exclusivo de Galicia, sino que, tal y como está presentada la prejudicial, se extiende al resto de España. Por eso, máxima preocupación en Europa, preocupación también por parte del Ministerio y, por supuesto, Galicia, que está siendo la más afectada», ha dicho el presidente de EGA, José Manuel Pazo, tras una reunión con la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que viajó recientemente a Bruselas para tratar esta misma cuestión.
La problemática judicial que desasosiega a políticos y empresarios gallegos surge de un modelo eólico que ha generado una curiosa combinación de inseguridad jurídica y alarma social. Los promotores no instalan apenas megavatios, pero la multitud de proyectos presentados y tramitados por la Xunta han provocado concurridas protestas de la ciudadanía, así como la acción judicial de varias asociaciones ambientalistas que han conseguido parar los parques.
