Guerra entre una rama de los Freire y Hacienda, que los acusa de intentar evitar impuestos por su 10% de Megasa

El Tribunal Supremo resolverá una larga disputa entre María Esther Freire Vázquez, hija de uno de los fundadores de Megasa, y la Agencia Tributaria, que le reclamó el pago de más de dos millones de euros en el IRPF y, otros dos millones a su cónyuge, por la aportación de acciones del grupo siderúrgico valoradas en más de 50 millones para la creación del holding Santo Mouro Inversiones Siglo XXI. Esta sociedad, constituida a finales del año 2006, es la titular del 9,5% de Bipadosa, el holding con el que la familia Freire controla la compañía familiar.

La discrepancia entre los técnicos de Hacienda y la hija de Benito Fernando Freire Lago radica, en realidad, en la posibilidad de aplicar unos beneficios fiscales que le permiten diferir el pago del impuesto (régimen fiscal FEAC). Sin embargo, en el procedimiento, los técnicos no ven justificación económica para la constitución de Santo Mouro y concluyen que la accionista de Megasa pretendía reducir la tributación de los dividendos percibidos por su participación en el grupo, así como del Impuesto de Patrimonio y el futuro pago del Impuesto de Sucesiones.

Ante tales conclusiones, que atañen a una arquitectura societaria habitual en el control de los grandes grupos familiares gallegos, Esther Freire decidió acudir al Tribunal Supremo, que admitió a trámite su recurso el pasado 12 de marzo en un auto al que ha tenido acceso este medio.

Casi 53 millones en acciones

El germen de Megasa, el mayor grupo siderúrgico gallego y una de las principales compañías europeas del sector, está en Freire Hermanos y Metalúrgica Galaica, las empresas que impulsaron Bartolomé, José y Benito Fernando Freire, este último, fallecido en 2015. Su hija, hermana de Alicia y del también fallecido Fernando, es integrante, por tanto, de una de las ramas familiares que controla Megasa. En el año 2006 creó junto a su pareja, Ramón Artime, el holding Santo Mouro mediante la aportación no dineraria de casi 53 millones en acciones. Según una sentencia de la Audiencia Nacional de abril de 2022, también pronunciándose sobre estas desavenencias tributarias, los títulos procedían de Bipadosa –valorados en 49,2 millones–, Freire Hermanos –valorados en 2 millones– y Bipadosa Distribución y Transformación –valorados en 1,6 millones– sociedad que después, en el año 2016, se fusionaría con el holding principal.

En 2012, tras las actuaciones inspectoras, la Dependencia Regional de Inspección trasladó al matrimonio dos acuerdos de liquidación por los que debían abonar en el IRPF 2,09 millones, en el caso de Esther Freire, y 2,08 millones en el caso de su cónyuge. Hacienda entendía, y así lo ratificó posteriormente el Tribunal Económico Administrativo (TEAR) que no tenían derecho a acogerse al régimen especial de diferimiento del tributo FEAC (régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores regulado en la Ley del Impuesto de Sociedades) al no cumplir las condiciones. Esto desencadenó el procedimiento contencioso emprendido por Esther Freire, que ahora llega al Supremo.

Dos incumplimientos

El fisco reprochó a la accionista de Megasa dos incumplimientos. Primero, que las participaciones aportadas en la constitución de Santo Mouro no representaban al menos un 5% del capital de la entidad transmitida, como prevé la normativa (artículo 94 TRLIS). En realidad, los títulos equivalían al 8,3% de Bipadosa y a un porcentaje superior al 5% de Freire Hermanos y Bipadosa DT, pero al dividirse entre dos personas en el nuevo holding, Esther Freire y su marido, no alcanzaban el 5% en cada uno. Esto no representó demasiado problema, pues las acciones, como declaró la inversora, le pertenecían en exclusividad a ella, dejando constancia incluso en el Registro Mercantil en el año 2012, seis años después de la constitución de Santo Mouro, mediante sucinta anotación: «Las aportaciones efectuadas en la constitución de la sociedad por Doña María Esther Freire Vázquez lo son con el carácter de privativas».

Sin embargo, Hacienda también cuestionó un segundo requisito, que hubiese motivación económica válida para la constitución del holding. Y en este caso no aceptó los argumentos de la accionista de Megasa, quien defendió sin éxito que la nueva sociedad permitía agrupar las participaciones familiares y la gestión del patrimonio, así como facilitar la sucesión, «evitando asimismo la dispersión del voto cuando entrase la tercera generación». Ni el TEAC ni la Audiencia Nacional, validaron este razonamiento, según quedó constancia en la sentencia desestimatoria del 13 de abril de 2022.

Los motivos fiscales

A la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional da allí por buenos los argumentos esgrimidos por el TEAC en una resolución previa del año 2018. Sostuvo el Tribunal Económico-Administrativo Central que la reestructuración accionarial en torno a Santo Mouro Inversiones carecía de sentido pues «no se aportan todas las acciones del grupo familiar» y ni siquiera agrupaba todas las de Esther Freire. Alude el escrito, recogido en la sentencia de la Audiencia Nacional, a participaciones en siete instituciones de inversión colectiva, así como a acciones del ya extinto Banco Pastor. Por ello, dice el TEAC, la unidad de criterio ya estaba garantizada con la titularidad exclusiva de las acciones y la «gestión unitaria» del patrimonio o la «optimización de los recursos financieros» carecen de sentido al dejar fuera del holding sus otras inversiones. Tampoco compartió el tribunal la idea de facilitar la sucesión pues no se otorga a la siguiente generación «la asunción de mínimas funciones en las empresas troncales».

«Por ello, aunque se niegue en el escrito de demanda la motivación fiscal, esta debe inferirse de la ausencia de motivos económicos válidos pues se reduce la carga impositiva de los dividendos percibidos, la del Impuesto sobre el Patrimonio y en un futuro, el de sucesiones y donaciones«, concluye la resolución, cuyo criterio compartieron los magistrados de la Audiencia Nacional al desestimar el recurso de Esther Freire.

En los procedimientos, la administradora de Santo Mouro sostuvo, frente a la opinión de Hacienda, que estos beneficios fiscales son inexistentes ya que, en el caso del Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones, ya estaban previamente garantizados. En el primero, por la exención regulada en la Ley del Impuesto de Sociedades y, el segundo, en la bonificación del 99% que aplica Galicia para la sucesión de la empresa familiar. Respecto al IRPF, alega que «la interposición de una sociedad holding» no permite obtener una menor tributación, «sino un diferimiento del gravamen», que se debe a la deducción por doble imposición entonces vigente.