El nuevo dueño exprime Audasa: el fondo holandés APG saca 90 millones en dividendos el año de su desembarco

APG cae de pie en Audasa. El fondo de pensiones holandés se hizo en octubre con el control total de Itínere (dueña de la concesionaria de la AP-9) tras comprar la participación del 40% que todavía estaba en manos de Globalvia. Con este movimiento, APG, que administra las pensiones de 4,6 millones de personas y que tiene casi 600.000 millones de euros en activos bajo gestión, pasó a tener bajo su poder el 100% de Itínere y sus cuatro autopistas en Galicia: la AP-9 (la autopista de Ferrol a Tui), la AP-53 (Santiago-Lalín) y de las autonómicas AG-55 (A Coruña-Arteixo) y A-57 (Vigo-Baiona).

El fondo de pensiones holandés, que ejerce como máximo accionista desde el año 2022, desembolsó alrededor de 765 millones de euros por la participación en manos de Globalvia. Este movimiento implicaba valorar al 100% de Itínere en unos 1.910 millones de euros, una cantidad tan solo superada por 45 empresas del Mercado Continuo.

La elevada rentabilidad de Itínere despertó el interés de APG, que visto cómo Audasa entregaba un dividendo récord precisamente en el año en el que el fondo holandés ha tomado el control total de la compañía. No en vano, la concesionaria de la AP-9 disparó su beneficio neto un 9,3% en 2024 hasta situarlo en los 90,3 millones de euros, una cantidad que ha sido destinada íntegramente a dividendos para su matriz: Itínere.

El grupo que controla la AP-9 o la AP-53 aprovecha estos recursos para amortizar una deuda financiera bruta que se situaba en los 2.322 millones de euros al término de su ejercicio fiscal 2023.

De esta manera, Itínere ha logrado que su repunte de tráfico del año pasado (de un 4,1%, hasta los 26.505 vehículos diarios) se haya trasladado con el doble de intensidad a su cuenta de resultados tras apuntarse crecimientos superiores al 9% tanto en materia de ingresos como de beneficios.

Casi 360 millones en cuentas pendientes con las administraciones

Todo ello mientras su particular cuenta de compensación sigue moviéndose al alza hasta el punto de rozar los 360 millones de euros. Y es que Audasa cifra en 357,65 millones de euros las cantidades que le adeudan las administraciones por el impacto de diferentes reales decretos. Entre ellos cobra especial relevancia el Real Decreto 1733/2011. Este supuso «una modificación concesional en virtud de la cual, la sociedad podrá, con carácter extraordinario, incrementar sus tarifas de acuerdo con los criterios establecidos en dicho Real Decreto hasta compensar la inversión, los gastos de conservación y demás, derivados de las obras de ampliación de capacidad de diversos tramos de la autopista (circunvalación de Santiago de Compostela y acceso a Vigo, incluido el Puente de Rande).

Audasa considera que está pendiente de percibir un total de 230,8 millones de euros por este concepto, a los que se suman otros 23,7 millones por los diferentes gastos de mantenimiento en los que ha incurrido. A estas dos partidas se suman los 36,1 millones por el impacto del Real Decreto 104/2013, con el que se aplicó «una bonificación por habitualidad a determinados usuarios que realizan su recorrido entre Pontevedra y Vigo» y los 190,8 millones de euros adicionales en concepto de «actualización financiera» (crecen a ritmo de más de 27 millones cada año.

Los pulsos judiciales de Audasa

Además de este saldo de compensación pendiente, Audasa todavía mantiene otros frentes judiciales abiertos con las administraciones públicas. Uno de ellos está en manos del Tribunal Supremo después de que el Ministerio Fiscal recurriese la sentencia del año 2021 en la que la Audiencia Provincial de Pontevedra absolvía a Audasa a devolver peajes cobrados durante las obras en el Puente de Rande.

A esta disputa se suma la que la concesionaria de la AP-9 mantiene respecto a quién le corresponde compensarla por los peajes en sombra de los tramos Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala, cuyo coste se trasladó del usuario al contribuyente hace más de 15 años. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 eximió a la Xunta de pagar el 50% de estas compensaciones al dictaminar que estas cantidades (12,3 millones) debían ser abonadas de manera íntegra por la administración general del Estado, la propietaria de esta infraestructura en última instancia.

El jaque de Bruselas

A estas cuestiones todavía pendientes de resolverse en los tribunales se suma el procedimiento abierto por la Comisión Europea al considerar que la última de las tres ampliaciones temporales de la concesión de la AP-9 (para dejarla de pago hasta el 2048) incumplió la normativa legal europea. Bruselas amenaza con la imposición de una multa a España, pero Audasa advierte en su memoria anual que ni la concesionaria de la AP-9 ni Aucalsa ni ENA «han recibido ninguna notificación al respecto de las dos cartas de emplazamiento, ni son parte en el procedimiento que se pudiera desarrollar».

«Los Administradores consideran que cualesquiera medidas que pudieran contemplar la modificación o terminación de los vigentes contratos de concesión por causa no imputable a las sociedades y por razones de interés público, como consecuencia o no de la adopción de dichas medidas, implicaría en todo caso y conforme a la legislación vigente, el derecho de las sociedades a ser debidamente indemnizadas».

La propia Audasa llegó a advertir en mayo de 2023 que solicitaría una indemnización de 1.068 millones en el caso de que se acabase materializando una hipotética anulación de esta concesión que le aportó más de 90 millones de euros de beneficio neto el año pasado.