La Fiscalía pide abrir juicio oral contra dos directivos de Explotaciones Gallegas, socia en la mina de Touro

La Fiscalía pide la apertura de juicio oral a Explotaciones Gallegas. En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 1 de Arzúa, con fecha del pasado 8 de marzo, la fiscal Luisa María Suárez Cabo dirige acusación frente a Explotaciones Gallegas, socia de Atalaya Mining en Cobre San Rafael, la empresa que promueve el proyecto de reapertura de la mina

La acusación se dirige contra el administrador solidario de Explotaciones Gallegas desde su constitución y frente a la que fue administradora solidaria de Explotaciones Gallegas desde 2009 hasta 2020, momento en el que se le nombró al frente de Casiñas SL.

En su escrito, la fiscal se refiere a la balsa de Angumil, que se encuentra en la esquina sureste de los terrenos de la explotación minera de Touro, que está «excavada sobre el terreno natural y carece de un sistema de impermeabilización».

Los motivos de la Fiscalía

A su vez, en la esquina noreste de la citada charca, «con consentimiento y pleno conocimiento de los tres acusados y causando un importante daño para el medio ambiente y la calidad de las aguas, se encuentra instalada una tubería de PVC corrugado con la función de que, a través de la misma, se alivien por cota y de manera continua las aguas almacenadas en la charca», según la Fiscalía.

A su juicio, se vierte «todo este volumen de aguas a la cabecera del rego Barral, el cual desemboca en el río Lañas, afluente a su vez del río Ulla». «De los vastos terrenos de la mina de Touro, de los que es responsable la mercantil acusada, Explotaciones Gallegas, cuya gestión está controlada por los también acusados (…) salen hacia la cabecera del rego Barral, sin que durante años hubieran procurado ninguna medida correctora que lo evitara, lixiviados con condiciones de extrema acidez, elevada conductividad eléctrica y alto contenido en hierro y cobre», recoge la Fiscalía.

En este sentido se alude a una inspección en 2019 y que «resultó constatada la presencia de elementos disueltos en valores que superan los límites de referencia aceptables, muy significativamente el amonio pero también metales pesados como el aluminio, cobalto, cobre, níquel y zinc».

Esta situación, añade, «persistía» en otra visita de 2021 y, para la fiscala, puede concluirse que se trata de un «caso típico de escorrentía ácida de minas». Advierte de que «algunos» de los metales pesados son «extremadamente tóxicos» y que «la situación afecta gravemente a la fauna y la flora». En concreto, habla de «despoblamiento del macrobentos y ausencia total de peces en el río Barral».

Tras indicar toda una serie de normativa, el escrito establece que los acusados han puesto en marcha un proyecto de drenaje temporal de la balsa que bombea las aguas a la balsa Vieiro «sin que conste que en esta última la depuradora que figura en el proyecto llegue a extraer los metales». «No consta acreditado que la mercantil acusada haya adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión para prevenir delitos», agrega.

Es por ello que pide dos años de cárcel e inhabilitación para los responsables y dos años de multa a razón de 30 euros diarios para Explotaciones Gallegas, así como, solidariamente, «la obligación de cesar en el vertido de aguas» y «un plan para restaurar en la medida de lo posible el nacimiento del rego Barral».

La versión de Cobre San Rafael

A través de un comunicado, desde Cobre San Rafael matizan que Explotaciones Gallegas aporta la superficie y los derechos de investigación en este proyecto que lidera tanto técnica como económica Atalaya Mining, que ya opera desde tiempo atrás la mina de cobre de Ríotinto en Huelva.

En 2020, Cobre San Rafael recibió una declaración de impacto ambiental negativa por parte de la Xunta para retomar la explotación de cobre, por lo que modificó y presentó un nuevo proyecto, que es el que ahora está pendiente de tramitación para dar el espaldarazo definitivo a un proyecto que ha sido considerado estratégico por parte de la Xunta.

Además, desde Cobre San Rafael subrayan que «los datos recogidos por la Fiscalía se refieren a 2019 y 2021 y son previos a que los proyectos de drenaje y canalización, además de la nueva planta de tratamiento de aguas, financiada por Cobre San Rafael, estuviese operativa».

En este sentido, la firma añade que «si el proyecto se pone en marcha, Atalaya Mining adquirirá la mayoría del accionariado de Cobre San Rafael» y pone en valor los cuatro millones de euros invertidos hasta la fecha tanto para la construcción de la planta de tratamiento de aguas como los más de tres kilómetros de canalizaciones y la limpieza de parte de los regatos del entorno.