Fernández Somoza y el dueño de Zendal mueven 255 millones con las tres sicavs gallegas que sobreviven

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No quedan ya apenas sicavs asociadas a las grandes fortunas gallegas. En los últimos años, muchos de los grandes patrimonios de la comunidad fueron cerrando sus sociedades de inversión de capital variable después de que el Ejecutivo central endureciese los requisitos para que pudieran seguir manteniendo sus privilegios fiscales, principalmente tributar el Impuesto de Sociedades al 1%. Tras la renuncia de Sandra Ortega, Dolores Ortega y Rodríguez Cebrián y la familia Freire entre otros, la nómina de vehículos de inversión colectiva en la comunidad se ha reducido al mínimo. En la actualidad, solo dos empresarios de relumbrón continúan realizando inversiones a través de este tipo sociedades (y a medias). El veterano Luis Fernández Somoza, expresidente de Azkar, y Pedro Fernández Puentes, dueño de la farmacéutica viguesa Zendal y vicepresidente de Pharma Mar.

Las familias de ambos históricos directivos manejan tres sicavs que cerraron el año 2024 moviendo un patrimonio conjunto de unos 255 millones de euros, según la documentación recientemente remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y consultada por Economía Digital Galicia. La misma evidencia que las tres sociedades mejoraron sus rentabilidades el pasado ejercicio.

El dilema de Somoza

Guntín de Inversiones es la sicav más grande ligada a la familia de Luis Fernández Somoza, el empresario lucense que anualmente figura en la lista Forbes de grandes fortunas del país. Gestionada por Santander Private Banking, cerró el segundo semestre del año con un patrimonio de 156,2 millones de euros y una plusvalía latente de 13,7 millones. Además, a lo largo del año se anotó una rentabilidad de un 9,91%.

Currelos, la otra sicav de la saga empresarial lucense cerró 2024 con un patrimonio de 83,36 millones de euros y unas plusvalías latentes con respecto al año anterior de algo más de 6 millones de euros. Cerró el ejercicio con una rentabilidad acumulada de un 8,38%, según la documentación remitida al supervisor bursátil.

En todo caso, la nómima de sicavs de los empresarios lucenses, previsiblemente, menguará. A finales de diciembre, la gestora de Guntín remitió una comunicación a la CNMV en la que indicaba que su junta general de accionistas había acordado “solicitar la baja voluntaria de la sociedad en Registro Administrativo de las Sociedades de Inversión de Capital Variable”.

Pero no es la primera vez que los accionistas de esta sicav dan un paso atrás. En febrero de 2023, la familia de Fernández Somoza anunció su intención de liquidar a lo largo del ejercicio sus dos sicavs, transformándolas en sociedades de distinta naturaleza y siguiendo los pasos de la mayoría de las grandes fortunas del país. Sin embargo, en octubre de ese año, la gestora de ambas anunció la marcha atrás, tras la decisión de la junta general de accionistas de las dos sociedades de no abordar su disolución.

Eso sí, al no cumplir los requisitos impuestos por la nueva normativa, tanto Guntín como Currelos, aún manteniéndose como sicavs, pasaban a tributar el Impuesto de Sociedades de un 1% al 25%.

Ingercover

Ingercover, ligada a los propietarios de la farmacéutica Zendal, maneja cifras mucho más discretas. Llegó a diciembre de 2024 moviendo un patrimonio de 16,3 millones de euros, por debajo de los 17,6 millones con los que cerró 2023. En el año redujo su número de accionistas de 113 a 107. A pesar de esto, en 2024 se anotó una rentabilidad positiva de un 5,94%, por debajo, eso sí, de la marcada en 2023, de casi un 7%.

Las grandes fortunas gallegas llegaron a mover unos 800 millones de euros a través de sicavs y otras sociedades de inversión libre antes del aumento de requisitos por parte del Gobierno para su operación. Solo Sandra Ortega poseía un patrimonio cercano a los 500 millones con Soandres de Activos y Breixo, que transformó en sociedades de responsabilidad limitada. Lo mismo le ocurrió a Silleiro y Viveiro de Inversiones, de Dolores Ortega y Juan Carlos Rodríguez Cebrián, que movían unos 40 millones de euros y que también se transformaron en sociedades limitadas. Ambas sumaron en 2023 unas ganancias de más de cinco millones de euros.

La Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal del Gobierno central estableció que todos los accionistas de estas sociedades de inversión colectiva, al menos 100, debían poseer una participación mínima de 2.500 euros. El objetivo era acabar con los mariachis, como se conoce en argot financiero a los hombres de paja que acompañan en estos vehículos a un único inversor y que, en realidad, no poseen capital.