Emilio Bruquetas (Recursos de Galicia): “Tenemos una oportunidad histórica de hacer las cosas de manera distinta”

Emilio Bruquetas, el consejero delegado de Recursos de Galicia, cree que la comunidad gallega y las empresas del ámbito energético tienen ante sí una “oportunidad histórica para hacer las cosas de manera distinta” y lograr que “mejore la competitividad de nuestra economía” gracias a proyectos que maximicen su impacto positivo en el territorio. Así se manifestó el ex director general de Reganosa en el marco del primero foro La energía que viene, organizado por Economía Digital de Galicia y celebrado en Santiago de Compostela.

Bruquetas participó en una mesa de diálogo con el título El equilibrio entre energía y territorio, en la que analizó el impacto real de los nuevos proyectos surgidos al calor de la descarbonización en Galicia, el potencial de la comunidad y las medidas impulsadas por la Xunta que han puesto en pie de guerra a parte del sector eólico, como la que obligará a destinar el 50% de la energía producida en los nuevos parques a empresas ubicadas en el territorio a través de contratos PPA.

Además de Bruquetas, también participaron en la mesa de diálogo el conocido empresario José Carballo, histórico ejecutivo vinculado a Finsa que acudió al evento en calidad de vicepresidente de la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, y María Bastida, profesora del Departamento de Organización de Empresas de la USC.

Recursos de Galicia

Recursos de Galicia es la utility conformada por la Xunta con la participación de una treintena de empresas privadas de la comunidad cuyo principal objetivo es maximizar el impacto positivo en el territorio de proyectos energéticos y mineros que se desarrollan en la comunidad. Su primera alianza se firmó en mayo de este año con Galenergy y sirve para ejemplificar el cometido de la pionera entidad de capital público-privado. Los de Bruquetas sellaron un acuerdo con la compañía por la que se harán con el 20% de los 187 megavatios (MW) eólicos que la energética tiene en tramitación en Galicia y, además, tomará posiciones en nuevos proyectos dando también entrada a ayuntamientos u otros agentes locales.

Bruquetas destacó el trabajo desarrollado por Recursos de Galicia en su primer año de vida, en el que no sólo se han puesto en contacto y analizado las empresas renovables y del ámbito de la minería con las que podrían establecer alianzas para maximizar su impacto positivo en el territorio, sino que ha promovido la “mayor auditoría energético ambiental” llevada a cabo en la comunidad en polígonos industriales y puertos. “Aunar participación público-privada es singular, porque tenemos 32 empresas de distintos sectores de la economía gallega, lo que nos permite conocer mejor las necesidades económicas e industriales”, reflexionó.

De importar a exportar energía

Sobre la oportunidad que Galicia tiene ante sí, debido a sus recursos, con la descarbonización, Bruquetas ha apostado por “no decir que no a los proyectos transformadores” y ha destacado “el momento importante en el que vivimos, un momento de transición, no sólo de combustibles fósiles a renovables, sino de un país importador de energía a la posibilidad de ser un territorio exportador de energía”.

En este marco de cambio, el ejecutivo destacó que las normativas y las exigencias van cambiando. “Los marcos regulatorios tendrán que ir cambiando y adaptándose a los nuevos tiempos. Uno lo que intenta es sacar energía y otro lo que busca es tener el uso más eficiente de esa energía”, argumentó.

Preguntado sobre si las energéticas tienen una deuda histórica con la comunidad, debido al aprovechamiento de recursos como el agua o el viento a lo largo de las décadas, Bruquetas indicó que “más que hablar de deuda histórica, debemos pensar que tenemos una oportunidad histórica de hacer las cosas de una manera distinta y que mejore la competitividad de la economía gallega”.

Nuevos marcos regulatorios

Al respecto del debate suscitado por los nuevos requerimientos de la administración pública a las empresas, José Carballo quiso lanzar la pregunta “de si la regulación pública puede entenderse como un fracaso de la autorregulación empresarial”. Al respecto, argumentó que las exigencias a los grandes promotores para revertir sus beneficios en el territorio “también son oportunidades” que aportan “sostenibilidad a largo plazo”. “La competitividad de una compañía no puede entenderse ya solo como proveer a un cliente o realizar actividades de RSC. Es mucho más exigente y tiene que incorporar a las comunidades locales. De lo contrario, tendremos desventajas, nos lo dice la historia”, argumentó.

“Quien suba a Galicia a aprovechar recursos naturales tiene que prestarse a dejar retorno en las comunidades locales”, reflexionó. Así, ironizó con que, dentro de 50 años, la comunidad no podía permitirse ver a los promotores eólicos del mismo modo que las potencias que explotaron África. «No podemos reproducir un modelo en el que corporaciones de otro mundo vienen a Galicia a buscar los recursos naturales y se los llevan sin ninguna vinculación con el territorio», zanjó.

«Yo me posicionó a favor de la creación de valor compartido», añadió, a la vez que apostó por que las empresas se autorregulasen en esta dirección sin la necesidad de esperar a normativas públicas. «Estoy poniendo la responsabilidad en el campo de las empresas. La regulación pública es una red, pero no necesariamente debe ser la guía de una empresa responsable», indicó, para reflexionar sobre las exigencias actuales de repotenciaciones de los parques eólicos más viejos (con más de 25 años). «En realidad, lo que se está pidiendo con esto no es otra cosa que buscar el uso de la mejor tecnología que hay en cada momento», opinó.

¿Proyectos politizados?

Con respecto a la necesidad de alcanzar un equilibrio entre nuevas formas de energía y la reversión de beneficios en el territorio, Bastida hizo un llamamiento a “aprovechar las oportunidades”. “Está claro que no podemos dejar que la oportunidad pase por delante, lo que sí es más discutible es cómo llegamos a un acuerdo entre las partes, porque tengamos en cuanta que estamos hablando de empresas que no solo necesitan sacar beneficios sino obtener rentabilidad”, argumentó. “Todo esto solo será viable si conseguimos una gestión responsable tanto desde el mundo de la administración como de las empresas”, opinó.

La profesora del Departamento de Organización de Empresas de la USC quiso reflexionar sobre la posición excesivamente “politizada”, a su juicio, con que se estaban analizando determinados proyectos industriales en la comunidad por parte de determinados colectivos. “Estamos viendo que determinados proyectos no se están juzgando por sus criterios económicos, sino que están directamente politizados. Es muy lícito hacerse preguntas, pero también hay que aceptar las respuestas aunque sean contrarias a las expectativas que tú tienes”, declaró.

“No podemos respetar los informes técnicos solo cuando la respuesta te contenta. La Xunta no va a autorizar nada que no cumpla escrupulosamente las normas”, defendió.

Bastida sí defendió la regulación pública como «un mecanismo de control que sirve para visibilizar ante la sociedad que lo que dice la empresa es cierto» e insistió en que es el momento de que los grandes promotores exhiban su compromiso. No obstante, también se mostró «sorprendida de ser siempre la visión negativa del coste». «Todo va siempre hacia lo mismo. ¿No podemos ver puntos de oportunidad? Cuánta actividad económica generamos, cuánto retorno, dónde van a trabajar nuestros hijos y nuestras hijas. Debemos pensarlo bien porque el futuro no nos va a esperar».