El PP gallego echa un capote a Monbus y Alsa en el Parlamento tras su condena por cártel

El PPdeG defiende el plan de transporte público de la Xunta de Galicia y echa balones fuera sobre el golpe judicial a Alsa y Monbus. El grupo popular ha tumbado en el pleno del Parlamento de Galicia celebrado este martes las mociones de BNG y el PSdeG surgidas tras el último fallo del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dictaminó el mes pasado no hay motivos para revisar la sentencia que obligaba a la Comisión Galega da Competencia a sancionar a estas empresas por presunto reparto de mercado tras inadmitir los recursos que Xunta, Alsa y Monbus habían presentado contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En este contexto, la moción del BNG -rechazada por la mayoría absoluta del PP- instaba al Gobierno gallego a «hacer cumplir» los contratos públicos de transportes, a trasladar a la Cámara los expedientes sancionadores entre los años 2021 y 2023 y la flota de vehículos que están ligadas a los lotes de contratación, entre otros datos.

La iniciativa también ha contado con el sí del PSdeG. La socialista Patricia Otero ha calificado de «increíble» que haya que traer al Legislativo una moción para instar a la Xunta a «pedirle a las empresas adjudicatarias que cumplan los contratos firmados».

Frente a las críticas de la oposición, el diputado del PPdeG, José Manuel Balseiro, ha afirmado que «no existe ninguna sentencia que cuestione el plan de transporte público de la Xunta». De hecho, «de los 40 contenciosos que se presentaron, los 40 fueron resueltos a favor» del Gobierno gallego.

Por ello, Balseiro ha acusado al nacionalista de «mentir» y, seguidamente, ha restringido a «una cuestión mercantil, de competencia entre empresas», el fallo del Supremo contra Alsa y Monbus. En su última intervención, el diputado del BNG, Paulo Ríos, ha lamentado que los populares respondan con «medias verdades» y ha acusado a la Xunta de acometer una «necesaria colaboración» para «autorizar un reparto del mercado» entre Monbus y Alsa. «Es el capitalismo de amiguetes», ha ironizado.

A vueltas con el informe de Contas

El diputado nacionalista ha recordado este procedimiento judicial que ordenó a la Comisión Galega da Competencia que abriese una investigación contra estas empresas. También se ha referido el nacionalista al informe del Consello de Contas con reproches a la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade por su plan de transporte.

Además, ha mencionado en el hemiciclo que el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago abrió en abril diligencias previas por una denuncia por prevaricación contra el director xeral de Mobilidade de la Xunta, Ignacio Maestro, que puso la Asociación Empresarial de Transportes de Viaxeiros de Galicia (Galibus).

También ha quedado rechazada una moción del Grupo Socialista que pedía a la Xunta exigir el cumplimiento de los contratos de transporte escolar y poner las sanciones pertinentes. La diputada del PSdeG, Noelia Otero, ha negado que las registradas en lo que va de curso sean «incidencias puntuales», tal y como dijo en el pasado pleno el conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

La diputada socialista ha mencionado varias problemas denunciadas por usuarios y familias, como niños que tienen que ir en el bus de pie, sin cinturón y sin cuidador, para insistir en que «no son desajustes puntuales». Son, ha añadido, «problemas que se pueden arreglar exigiendo que se cumplan los contratos».

En similares términos, María Cristina Fernández Davila (BNG) ha afeado las palabras del conselleiro y le ha recordado que las personas que hay detrás de cada incidencia «no son datos o estadísticas», porque «hay niños y sus preocupadas familias».

Ante los «previsibles» discursos de la oposición, la diputada del PPdeG, Marisol Díaz, ha recalcado que «es normal que haya desajustes» en el servicio por la «gran maquinaria» que se activa al inicio de curso. Con todo, ha asegurado que «todos esos casos» que denuncian BNG y PSdeG «interesan y preocupan a la Xunta» y, de tal forma, son evaluados «de acuerdo a la normativa y al procedimiento». «La Administración tiene que encajar esas reclamaciones con la legalidad de los contratos», ha añadido.

Así, Díaz ha ofrecido datos de que, desde el año 2020, se abrieron más de 700 expedientes sancionadores desde la Administración, con 400 sanciones firmes hasta el momento.