El CEO de Alcoa avisa de que pedirá 70 millones al Gobierno “para la operación de supervivencia” de San Cibrao

Alcoa empieza a detallar cifras en la lista de condiciones que ha puesto a los trabajadores, la Xunta y el Gobierno para desarrollar su acuerdo con Ignis Equity Holdings, que desde la noche de este miércoles conforma la hoja de ruta central para garantizar la continuidad de la actividad en las plantas de aluminio y alúmina de San Cibrao. En la conferencia con analistas posterior a la presentación de resultados, el CEO de Alcoa, Bill Oplinger, ha explicado que pretenden conseguir «el apoyo del Gobierno» para obtener «aproximadamente 80 millones de dólares» en compensaciones por CO2, es decir, unos 73,6 millones de euros al cambio actual.

Estas compensaciones por derechos de emisión han sido un elemento clave en las repetidas crisis que atravesó la compañía de Pittsburgh en sus fábricas españolas. Mariano Rajoy las utilizó para mantener las instalaciones con respiración asistida, sin solucionar el problema de fondo de los precios energéticos, pero con ayudas suficientes como para que se mantuviera la producción. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, con Reyes Maroto al frente de Industria, acabó reclamando la devolución de estas compensaciones al considerar que Alcoa incumplía los criterios de concesión, pues había vendido las plantas de A Coruña y Avilés –que acabaron en quiebra– y paró la de San Cibrao.

Ahora, Alcoa pide una ayuda mayor para garantizar la continuidad de las operaciones en una compensación que, en el fondo, se utiliza para paliar los costes energéticos de las factorías. «En cuanto a los 80 millones de dólares de compensación por CO2, en realidad, se relaciona con el pasado. No recibimos nuestra compensación por el período 2018 a 2021 cuando operamos la fundición, por lo que hemos tenido reclamaciones contra el Gobierno. Nos gustaría tener acceso a esos 80 millones de dólares, ya que operamos y pagamos a todos los empleados», dijo Molly Beerman, directora financiera de la multinacional.

Estas ayudas forman parte de las cuatro condiciones que pone la compañía para seguir adelante en el acuerdo con Ignis, y se suman a la autorización de parques eólicos, a los permisos para la ampliación de la balsa de lodos rojos y a la demanda de flexibilidad a los sindicatos, con los que firmó un acuerdo que ya no se va a llevar a término.

Inyectar 200 millones en San Cibrao

El plan de Alcoa pasa por inyectar hasta unos 200 millones de dólares en San Cibrao, la última fábrica que le queda en España y la única que produce aluminio primario en el Estado, e incorporar a Ignis como socio con un 25% del capital. Este miércoles ya anunció que el grupo norteamericano aportaría 75 millones a la alianza y la compañía energética 25 millones. Además, explicó Oplinger, el productor de aluminio está dispuesto a aportar Alcoa 100 millones adicionales si fueran necesarios.

«El objetivo final es intentar convertir San Cibrao en un activo viable. Y la única forma de conseguirlo es contar con el apoyo de los sindicatos y del Gobierno. Si tenemos en cuenta que Alcoa invertiría 175 millones de euros, buscaremos el apoyo del Gobierno para una compensación por CO2 de aproximadamente 80 millones de dólares. Además de eso, hay una cantidad restringida de efectivo, que asciende a unos 85 millones de dólares, a la que buscaremos acceder para financiar las operaciones. Así que esas son al menos dos de las cosas que necesitamos conseguir para que la actividad pueda sobrevivir», señaló Oplinger.

La cantidad restringida hace referencia a los fondos comprometidos para las inversiones en la planta y comprometidos con los sindicatos, que ahora pasarían a utilizarse en el nuevo plan con Ignis como socio.

¿Cerrar o aumentar la producción?

El primer ejecutivo de Alcoa insistió en que el acuerdo con Ignis pretende, básicamente, evitar el cierre de las fábricas, que son «técnicamente insolventes en este momento». Según explicó, no cambia sustancialmente el margen de continuidad que tienen las plantas. Creemos que se quedarán sin efectivo en algún momento hacia finales de año, aunque es posible que esto se prolongue un poco más, hasta 2025, dependiendo de las condiciones del mercado. Por lo tanto, estamos haciendo todo lo posible y lo más rápido posible, para obtener el nivel adecuado de cooperación de las distintas partes interesadas y concretar la asociación», señaló. En caso de que el efectivo se agote antes de encontrar una solución, «habrá que tomar algunas decisiones difíciles». «Lo que estamos tratando de hacer es evitarlo», concluyó Oplinger.

En el escenario opuesto, señaló el CEO, se plantearía un aumento de producción en la refinería de alúmina. La obtención de los permisos para ampliar la balsa de lodos es el elemento clave para que eso se produzca, además de, claro está, la continuidad de las operaciones: «Realmente necesitamos obtener los permisos para hacer esa elevación a los 104 metros en San Ciprián. Haremos un seguimiento de esos permisos a medida que lleguen. Y luego, una vez que los tengamos, tomaremos la decisión sobre si aumentamos la producción», aclaró.