Dragados, San José, Copasa… Overbooking de constructoras en el gran proyecto de vivienda pública de Vigo
Una treintena de empresas, entre ellas las tres principales constructoras gallegas, optan a la urbanización residencial del polígono 2 de San Paio de Navia, un contrato presupuestado en 16,3 millones
La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, en una visita San Paio de Navia / Xunta
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Todos quieren urbanizar San Paio de Navia, el nuevo barrio de la vivienda pública de Vigo y el mayor proyecto en esta materia de los que está desarrollando actualmente la Xunta. El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) autorizó el pasado julio las obras del polígono 2 del plan parcial de Navia, una superficie de 106.361 metros cuadrados que podrá albergar unas 719 viviendas protegidas. La obra se compone de una fase A, con 44.538 metros cuadrados y 337 viviendas; y una B, con 61.823 metros cuadrados y 382 viviendas. El presupuesto de licitación es de 16,3 millones.
El concurso ha despertado un interés muy superior al de la construcción de los edificios de viviendas, incluso aquellos con mayores presupuesto, en esta urbanización o en otras como Xuxán (A Coruña) o Valdecorvos (Pontevedra). Una treintena de empresas, algunas de ellas en UTE, optan a hacerse con la adjudicación, entre ellas, las tres mayores constructoras gallegas, San José, Copasa y Grupo Puentes. Entre todas han presentado 19 empresas para encargarse del desarrollo residencial.
Las 30 empresas
San José, Copasa y Puentes concurren en solitario, al igual que CRC, Acciona, Dragados, Civis Global, Copcisa y Petrolam. Junto a ellas, otras diez alianzas han puesto precio al contrato: XAC, Orega y Extraco; Prace y Fechi; Ferrovial y Ogmios; Taboada y Covsa; Citania y Rogasa; Construcciones Ramírez y Vázquez y Reino; Oreco y Seranco; Espina y Vías; Francisco Gómez y Proyecon; y Grupo Vilariño y Ponciano Nieto.
De estas, en el marco de la apertura del sobre A, la mesa de contratación detectó errores subsanables en la documentación presentada por dos de las UTEs, la de Vilariño y Ponciano Nieto, y la de Citania y Rogasa. En la medida en que son corregibles se espera que las cuatro empresas continúen en la pugna por el contrato.
