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Urbaser afronta su venta con 30 millones en reclamaciones pendientes en los juzgados gallegos
La antigua división medioambiental de ACS, ahora en manos del fondo Platinum, se pelea en los juzgados con el Consorcio de As Mariñas y el Concello da Coruña, que le reclaman más de 30 millones de los costes del servicio de recogida y tratamiento de residuos
El revuelto mapa de las concesiones de servicios se prepara para que uno de sus actores más prolijos cambie de manos. El fondo Platinum Equity, también dueño de la pesquera Iberconsa, ha contratado a Santander y City para explorar la venta de Urbaser, empresa con amplia trayectoria en Galicia en el área de limpieza viaria y recogida y gestión de residuos, tareas que ha ejercido en Lugo, Santiago, A Coruña o Vilagarcía, entre otros municipios.
La operación, que podría elevarse hasta los 6.000 millones, vendrá precedida por un ejercicio en el que la compañía casi ha cuadruplicado sus beneficios, pasando de los 54,6 millones de 2022 a ganancias de 211,8 millones el año pasado. Sin embargo, esta progresión no se debe tanto a una mayor rentabilidad del negocio como a la venta de partes del mismo. De hecho, tanto la cifra de negocio, 2.518 millones, como el resultado de explotación, 191,5 millones, retrocedieron respecto al ejercicio anterior. La venta de la filial de los países nórdicos a Cube Infrastructure, operación que aportó un resultado positivo de 228,4 millones, está detrás del incremento de los beneficios.
Las cuentas anuales remitidas por el grupo al MARF dan cuenta de que la actividad de Urbaser pasa también por los juzgados gallegos. Allí dirime reclamaciones por valor de 32,4 millones por los servicios que presta al Ayuntamiento de A Coruña y al Consorcio de As Mariñas, formado por los municipios de Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada. Curiosamente, ambos conflictos proceden de la etapa en la que Urbaser formaba parte de ACS, el conglomerado de Florentino Pérez. Desde entonces ha cambiado de manos dos veces y está a punto de volver a hacerlo con los litigios pendientes de resolver.
En A Coruña se juega 15,6 millones
Los litigios orbitan en torno a Nostián. El Ayuntamiento de A Coruña inició un procedimiento para reclamar el reintegro de 14,2 millones abonados a la concesionaria Albada, filial de Urbaser, entre 2011 y 2018. Ese dinero estaba destinado a la gestión de los rechazos en virtud de un acuerdo con el Gobierno municipal de PSOE y BNG que acabaría tumbando el Juzgado de lo Contencioso número 4 de A Coruña, resolviendo el magistrados que correspondía a la empresa costear ese servicio. Albada presentó alegaciones contra la orden de reintegro que fueron rechazadas por el Consistorio.
Según indica Urbaser en su memoria de ejercicio, el 5 de febrero de este año le fue notificada la desestimaciones de las alegaciones, así como la reclamación de los costes por la gestión de los rechazos por importe de 15,6 millones. «Con fecha 11 de marzo de 2024, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo con solicitud de media cautelar de suspensión». El pasado 20 de marzo vencía el periodo de pago voluntario para Urbaser.
Reclamación de 17 millones en el área metropolitana
El Consorcio de As Mariñas está formado por todos los municipios del área metropolitana de A Coruña salvo Arteixo. El conflicto es distinto al de A Coruña, aunque también versa sobre los rechazos. Albada no los trató en Nostián desde el año 2011 alegando que no podía utilizarse el vertedero, por lo que hubo de trasladarlos a otros centros, cargando el coste a los ayuntamientos.
El Consorcio decidió demandar a la concesionaria por los daños ocasionados una vez que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia determinó que correspondía a Albada el tratamiento de los rechazos. Los perjuicios son, básicamente, los pagos a Sogama y a otras plantas para la gestión de los rechazos que no trató Albada. El procedimiento, dice Urbaser en su memoria de ejercicio, está en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña pendiente de resolución e incluye una sanción de 3.000 euros por incumplimiento de contrato.
En ambos litigios, la compañía ha provisionado las cantidades reclamadas, 32,4 millones.