El cártel de la leche recurre a KPMG para tumbar las sanciones y esquivar las demandas de los ganaderos

Pascual, el mayor grupo lácteo español junto a Capsa, libra su batalla judicial con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con un as en la manga, un informe pericial de KPMG con el que trata de desacreditar las sanciones impuestas por el superregulador y, previsiblemente, combatir las reclamaciones que presentarán los ganaderos afectados si el cártel lácteo queda definitivamente acreditado por la Justicia. Como hizo Stellantis en el cártel del coche, la compañía presentó ante la Audiencia Nacional un informe de la auditora y consultora, una de las big four, para demostrar que las conductas sancionadas no tuvieron un efecto real en los precios.

Pascual fue una de las industrias multadas por los intercambios de información entre las grandes empresas del sector lácteo entre 2000 y 2013. La sanción ascendió a 8,5 millones y, junto a Pascual, también encajaron multas Lactalis, Capsa, Puleva, Nestlé o Danone, por lo que el procedimiento abarca a las mayores multinacionales que operan en España y a los grupos que más leche recogen en Galicia. Como es conocido, la Audiencia Nacional ha confirmado las multas –aunque rebajando las de Capsa, Danone y Puleva– y da por acreditado el cártel lácteo. Las sentencias, emitida a raíz de los recursos de la industria contra la resolución de la CNMC, activó a las organizaciones agrarias, que están azuzando a las granjas afectadas para que presenten reclamaciones por el menor precio que, teóricamente, percibieron por su leche.

Unións Agrarias, entidad de la que partió inicialmente la denuncia, calculó que los ganaderos gallegos dejaron de percibir unos 900 millones durante el periodo de actividad del cártel.

El informe de KPMG

La sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 13 de febrero, resolviendo el recurso de Calidad Pascual, desvela las claves del informe de KPMG. Según explica el fallo, al que ha tenido acceso este medio, el peritaje defiende que la investigación de Competencia «no realiza un análisis propiamente de los efectos, ni aporta ninguna evidencia económica robusta de los mismos, pese a estar en capacidad de llevar a cabo este tipo de análisis, al disponer de información apropiada».

La defensa de Pascual, apoyándose en KPMG, concluye que la tesis de la CNMC adolece de «falta de racionalidad» y sostiene que el análisis de la evolución de los precios efectivos pagados por la compañía entre 2002 y 2020 «demuestra una gran variabilidad», sin que pueda mostrarse «un comportamiento distinto durante el periodo de infracción que en el periodo anterior o posterior». Además, el informe permite a Pascual sostener que la comparación entre los mercados de España y Francia muestran como el precio de la leche cruda oscila de la misma forma. «No se observa que el precio en España fuese inferior que el de Francia durante el periodo en el que tuvo lugar el supuesto intercambio de información«, sostiene Pascual según la sentencia de la Audiencia Nacional.

Lo que dice la Audiencia Nacional

La resolución desestimatoria de la Sala de lo Contencioso ya da a entender que el peritaje de KPMG no fue suficiente para los magistrados. Su razonamiento es que el efecto en los precios es irrelevante para acreditar la existencia de un cártel. «La conclusión que alcanzamos no resulta desvirtuada por el informe de KPMG aportado por la recurrente puesto que Calidad Pascual ha sido sancionada por haber participado en intercambios de información comercial sensible con empresas competidores y no por haber participado en acuerdos de fijación de precios, por lo que carece de transcendencia, a efectos de constatar la existencia de la infracción, que los precios efectivos pagados por Pascual a los ganaderos no coincidieran en todos los casos examinados con la información consignada en las anotaciones», dice el fallo.

Y reitera que la conducta imputada a Pascual es la de haber participado en intercambios de información comercialmente sensible con sus competidoras y no en acuerdos de fijación de precios que carecen de trascendencia para constatar la existencia de la infracción. «El resultado colusorio se produce aun cuando a la vista de la información del competidor no se modifique el comportamiento ni se incida sobre los precios previos, si la información intercambiada tiene la virtualidad de generar la seguridad de que existirá un escenario estable y no se corre el riesgo de perder cuota de mercado, disminuyendo, por tanto, sus incentivos para competir, sin que tampoco es necesario que exista una relación directa entre la práctica concertada y los precios finales aplicados al consumidor», señala la sentencia.

Del cártel del coche al cártel lácteo

Las sentencias de la Audiencia Nacional, todas desestimatorias de los recursos de las empresas, están todavía pendientes de los recursos que, previsiblemente, presentarán las industrias. De seguir un recorrido similar al del cártel del coche, el informe de KPMG, que versa precisamente sobre los efectos en los precios del cártel, tendrán nuevamente protagonismo en las demandas que puedan presentar los ganaderos afectados. La pretensión de conseguir una indemnización exige también un cálculo sobre los perjuicios que generó el cártel a las granjas. Unións Agrarias consideró que miles de productores tendrán derecho a reclamar al menos un 10% más del dinero que percibieron por su leche. El informe de KPMG pretende sostener, precisamente, que no se produjo tal daño, que no afectó a los pagos que percibían las explotaciones.

Cabe señalar que en el cártel del coche se presentó un peritaje similar de KPMG, también con la intención de demostrar esta falta de efectos. No sirvió, sin embargo, para evitar las indemnizaciones a los compradores, que están percibiendo en torno a un 10% de indemnización sobre lo que pagaron por sus vehículos.