Los ganaderos preparan un aluvión de demandas contra el cártel lácteo en plena revuelta agrícola

La Audiencia Nacional ha confirmado que buena parte de las mayores industrias lácteas que operan en España formaron un cártel para controlar los precios del suministro de leche en origen, es decir, los precios que abonaban a los ganaderos, el eslabón más frágil de la cadena de valor. A la espera de los probables recursos que presenten las compañías, una resolución judicial desfavorable y firme abriría el camino para que miles de productores reclamen una compensación por la adulteración del mercado. Así sucedió, por ejemplo, con el cártel de coches o con el de camiones. Los compradores que adquirieron vehículos durante el periodo en el que estuvieron operando acuden ahora por miles a los juzgados para ser resarcidos con intereses de demora.

Ese mismo camino dibujaba este miércoles Unións Agrarias, que tras conocer las sentencias desestimatorias de los recursos presentados por las empresas, avanzaba que unos 5.000 ganaderos utilizarán los servicios jurídicos de la organización para exigir indemnizaciones. «Tras la confirmación del hecho delictivo, queda por determinar la cantidad a indemnizar a cada ganadero», zanjó Roberto García, secretario xeral de la entidad. Los afectados serían muchos más. Estiman que unos 49.000 ganaderos vendieron su leche al cártel durante la etapa en la que estuvo operativo, entre 2000 y 2013, por lo que tendrían posibilidad de demandar.

De la misma opinión es Eskariam, firma de servicios jurídicos especializada en demandas masivas y la única que se personó en el procedimiento en defensa de la CNMC. «Los ganaderos, ven confirmado su derecho a reclamar cuantiosas indemnizaciones por los daños sufridos como consecuencia del cártel conformado por las principales industrias lácteas que operan en España», dijo el consejero delegado de la empresa, David Fernández. En Eskariam consideran que los ganaderos podrían reclamar en torno al 10% de lo que facturaron al cártel.

De Lactalis a Danone

Entre las empresas implicadas están los dos grupos que más leche recogen en Galicia, la comunidad con mayor producción del Estado: la multinacional francesa Lactalis y Capsa, dueña de Larsa y Central Lechera Asturiana. Para la primera, la Audiencia Nacional ratificó la multa de 11,7 millones impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, mientras que para Capsa ordenó recalcular una sanción de 21,8 millones debido a que parte de las conductas colusorias corresponden a periodos ya prescritos.

Entre las multas más voluminosas están las de Pascual, de 8,5 millones; y Nestlé, de 6,8 millones. Danone fue sancionada con 20,2 millones de euros; e Industrias Lácteas Granada (Puleva), integrada ahora también en Lactalis, con 10,2 millones de euros. Estas dos últimas están en la misma situación que Capsa, ya que Competencia deberá ajustar la multa a la baja para eliminar el periodo ya prescrito.

También fue sancionada Central Lechera Galicia (53.310 euros) y Schreiber Food España (929.644 euros), mientras que la Audiencia Nacional retiró la de la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga) por falta de motivación. Eran solamente 60.000 euros.

En un primer momento del procedimiento sancionador puesto en marcha por la CNMC, y que procede del año 2012, estuvieron también Leche Río, Feiraco y Celta. Competencia consideró acreditado que participaron en el cártel, pero que sus actuaciones habían prescrito porque no lo habían hecho de manera continuada.

El cártel y el campo

Las sentencias de la Audiencia Nacional consideran acreditada la «existencia de intercambios de información sobre precios y otras condiciones comerciales» entre empresas competidoras del sector lácteo, así como contactos sobre precios y otras condiciones comerciales. Además, ven probados los contactos sobre ganaderos con el objetivo de informar o acordar estrategias, así como los intercambios de información sobre excedentes de leche para la gestión de los mismos.

Las resoluciones judiciales llegan en un momento de movilización del sector agrícola, agobiado por los controles sanitarios y ambientales de su actividad, el incremento de costes y la entrada en el mercado de producto a bajo precio que no sufre el mismo tipo de controles.