Danone lleva al Supremo los 20 millones de sanción por participar en el cártel de la leche

La Sala de lo Contencioso admite el recurso de la compañía, que encajó la tercera mayor multa de las empresas del cártel, y el de la Abogacía del Estado, que intenta tumbar la rebaja en la sanción que estableció la Audiencia Nacional

La mayor fábrica de Danone en España, ubicada en Aldaia (Valencia) / Danone

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Danone sigue el mismo camino que Lactalis y Capsa y tendrá que esperar a la decisión del Tribunal Supremo para conocer el desenlace de su periplo en el conocido como cártel de la leche. En julio de 2019, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó a ocho empresas, entre ellas los principales operadores del sector lácteo en España, por compartir información y coordinar estrategias comerciales en el abastecimiento de leche entre el año 2000 y el 2013, perjudicando así a las granjas que les suministraban. Las multas alcanzaron los 80 millones y ahora están culminando su recorrido judicial en el Alto Tribunal.

La multinacional francesa Lactalis, el mayor grupo del mercado, y Capsa, el principal operador español, ya están pendientes de la resolución del Supremo tras el primer recurso ante la Audiencia Nacional. Allí acaba de llegar ahora Danone, que encajó la tercera mayor multa, 20,2 millones, solo superada por la del grupo controlado por Central Lechera Asturiana (21,8 millones) y las dos que recibió Lactalis (11,7 millones al holding español y 10,2 millones a Puleva).

El fabricante había conseguido rebajar la sanción en la Audiencia Nacional, pues la Sala de lo Contencioso consideró que no cometió una infracción continuada debido a un lapso temporal, entre octubre de 2003 y 2006, en el que no se demuestra su participación en el cártel. En consecuencia, los magistrados entendieron que las conductas colusorias previas al 2006 están prescritas, por lo que no deben ser sancionadas y, en consecuencia, es necesario recalcular la multa.

Sin embargo, en un auto del 15 de enero, el Supremo admite, no solo el recurso de casación presentado por Danone, sino también el de la Abogacía del Estado y el de O Seixo, Sociedad Agraria de Transformación, que consideran que la compañía debe pagar íntegramente los 20,2 millones.

Infracción continuada o no

En el auto de admisión, la sección primera de la Sala de lo Contencioso del Supremo considera que existe interés casacional para la formación de jurisprudencia en determinar si los procedimientos sancionadores de la CNMC deben regirse por la regla contenida en la Ley de Procedimiento Administrativo Común que exige que conste la sanción propuesta a las personas o entidades que hayan cometido la infracción.

También en resolver si, una vez acreditada una estrategia común para el desarrollo de una actividad anticompetitiva, como en este cártel, «los lapsos temporales transcurridos entre las conductas infractoras enervan o no la calificación como continuada de la infracción». En otras palabras, decidirán si el periodo de inactividad entre 2003 y 2006 de Danone en el cártel es suficiente para que se declaren prescritas las conductas irregulares anteriores a 2006 o si debe entenderse como participante en el cártel durante todo el periodo en el que estuvo en funcionamiento, entre el año 2000 y el 2013.

Una cuestión similar abordará el Alto Tribunal respecto a Capsa, la dueña de Larsa, a la que la Audiencia Nacional también rebajó la multa en base a los mismos preceptos que Danone, es decir, los lapsos temporales en los que no participó en los intercambios de información del cártel.

Impacto en los ganaderos

De las conclusiones a las que llegue el Supremo están muy pendientes miles de ganaderos, que han ido organizándose en torno a las entidades agrarias o, directamente, despachos de abogados para presentar reclamaciones por el precio ingresado de menos en la venta de leche a las empresas de cártel. La incidencia en Galicia es especialmente elevada, tanto porque es la principal productora de leche del Estado como porque dos de las empresas sancionadas, Lactalis y Capsa, son las de mayor volumen de recogida en la comunidad.

Unións Agrarias estimó que la actividad del cártel habría detraído unos 900 millones de ingresos a los ganaderos durante el periodo en el que estuvo operativo. Señalaron que las compensaciones podrían rondar el 10% de la facturación total de las granjas en el tiempo en el que funcionó el cártel.

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