Cuentas respalda la gestión de la SEPI en pandemia con el fondo que rescató a Hotusa y rechazó a Room Mate

El Tribunal de Cuentas avala la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de los 3.256 millones de euros que concedió durante la pandemia para rescatar a empresas que se vieron afectadas por la crisis sanitaria. Entre las empresas que recibieron ayudas del fondo se encuentra Hotusa, el grupo del chantandino Amancio López Seijas, que obtuvo un rescate de 241 millones de los que, a fecha de agosto de este año, habría devuelto el 45%. 

Otra de las empresas que solicitó el rescate de la SEPI fue Room Mate, la cadena hotelera que por entonces dirigía Kike Sarasola en la que Sandra Ortega llegó a tener un 31% de participación y que fue adquirida a mediados de 2022 adquirida a mediados de 2022 por el fondo de inversión estadounidense Angelo Gordon y la gestora canadiense Westmont Hospitality. 

En concreto solicitaron 52 millones de euros que fueron denegados por la SEPI al considerar que “no contaba con los criterios de elegibilidad para acceder al fondo. Y es que la hotelera encadenaba por entonces cinco ejercicios consecutivos en número rojos (entre 2015 y 2019) y presentaba un agujero en su patrimonio cercano a los 50 millones. 

Aplicación “adecuada” de la normativa

El informe de fiscalización de la actuación de la SEPI en el procedimiento de aprobación de operaciones de respaldo público temporal del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, que se desarrolló para combatir los efectos de la crisis del Covid-19 entre 2020 y 2022, considera que se ajustó a la normativa. 

Las ayudas se concedieron a tenor de 13 criterios de elegibilidad prefijados por la Comisión Europea, y la institución pública aplicó «adecuadamente» la normativa en cuanto al cumplimiento de estos requisitos y a sus condiciones de financiación.

El fondo de apoyo contaba con un presupuesto total de 10.000 millones de euros y recibió 74 solicitudes de apoyo financiero temporal por importe de 5.393 millones, el 53% del importe total.

Finalmente, el total de operaciones aprobadas ascendió a 3.256 millones, el 32,5% de la dotación del fondo, pero en el proceso cayeron dos proyectos y la cifra definitiva que se desembolsó fue de 2.681 millones (el 27% de lo ofertado). Esos préstamos deberán ser reintegrados hasta 2029.

De las 30 empresas beneficiarias, doce eran empresas turísticas, siete industriales, cinco del sector de ingeniería, cinco líneas aéreas y una del sector servicios. La cuantía media de las ayudas solicitadas fue de 72,8 millones de euros, de lo que se deduce que «en su mayoría, las empresas de gran tamaño no recurrieron a este apoyo financiero».

Empresas beneficiarias 

Aunque el Tribunal de Cuentas no detalla los nombres de las empresas beneficiarias por la legislación de protección de datos, en su día el Consejo de Ministros autorizó el apoyo público temporal con cargo al Fondo, además de a Hotusa, a Air Europa, Ávoris Corporación Empresarial, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Grupo Airtificial, Grupo Serhs y Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Soho Boutique Hoteles, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Wamos, Eurodivisas S.A, Grupo Ferroatlántica S.A.U, Grupo Inversor Hesperia (Gihsa), Grupo Abba, Grupo Juli, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, Vicinay, Celsa España, Isastur, Vivanta, Imasa, Meeting Point, y Blue Sea.

Las 30 empresas con apoyo temporal asignado daban empleo, a fecha de 2019, a casi 62.000 trabajadores y facturaban en esa fecha un total de 20.248 millones de euros, «lo que indica el valor que aportan dichas empresas al tejido económico español».

El calendario de pagos previsto hasta la finalización de la vigencia del Fondo tiene en cuenta la capacidad de recuperación de las empresas. Así, será a partir de 2026 y hasta 2029, cuando se produzca el grueso del reembolso de las ayudas concedidas.

Procedimiento garantista

El informe concluye que SEPI elaboró un procedimiento para tramitar las solicitudes «ajustado a la normativa y garantista» para la valoración de las solicitudes y, para ello, se apoyó en la contratación de asesores externos tal y como estaba previsto en la normativa reguladora del fondo de apoyo.

El tiempo medio de tramitación de las solicitudes de ayuda fue de 355 días, una demora que se explica por «la complejidad de las condiciones de elegibilidad exigidas y del procedimiento establecido por SEPI para su comprobación». El Tribunal concluye que, en cualquier caso, en la tramitación de las solicitudes, SEPI aplicó los procedimientos «de forma no discriminatoria».

Costes de gestión del fondo

Por su parte, Los costes de gestión del fondo de apoyo a las empresas ascendieron a 23,3 millones de euros, de los que 14,2 millones fueron costes generales y de personal de SEPI. Esos gastos se imputaron al fondo de apoyo en virtud de la habilitación legal para ello, aunque el Tribunal de Cuentas indica que para su cálculo SEPI no aplicó un «procedimiento razonable fundamentado en datos y criterios objetivos».

El organismo fiscalizador recomienda que se apruebe una normativa que regule con claridad las decisiones a adoptar por el fondo de apoyo en el seguimiento de las operaciones de financiación y que SEPI elabore un procedimiento que le permita realizar una imputación de costes al fondo en virtud de criterios técnicos y objetivos.