La patronal eólica de Galicia también se planta frente a la Xunta

La industria eólica no está dispuesta a que la Xunta le obligue a repotenciar parques, ni tampoco a vender el 50% de la electricidad producida por los nuevos aerogeneradores a empresas gallegas. Al menos, no está dispuesta a que suceda sin protestar contra medidas que, a su entender, colisionan con el principio de libertad de empresa. Por eso está protestando enérgicamente y, desde este miércoles, en tres ámbitos: el gallego, el estatal y el europeo.

Si en las últimas semanas fue la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la patronal estatal del sector, la que se posicionó contra las normas que pretende implementar el Gobierno gallego, este miércoles fueron Wind Europe, la patronal europea, y la Asociación Eólica de Galicia (EGA) las que manifestaron su oposición a las dos medidas más controvertidas que propone la Xunta: la obligatoriedad de las repotenciaciones en parques de 25 años de antigüedad o que hayan llegado al final de su «vida útil» de diseño; y la obligatoriedad de que los nuevos proyectos vendan el 50% de la energía a clientes gallegos mediante contratos a largo plazo (PPA).

Hasta ahora había sido la patronal española la que había marcado el posicionamiento del sector contra los planes de Alfonso Rueda, a través de dos comunicados hechos públicos el 7 de noviembre –contra la venta del 50% de la energía– y el 24 de octubre -contra las repotenciaciones–. La patronal eólica gallega no se había pronunciado de manera directa, aunque se presumía su alineamiento con la Asociación Empresarial Eólica, ya que trabajan conjuntamente. Fuentes oficiales de EGA han confirmado este punto, explicando a Economía Digital Galicia que suscriben «al 100%» los argumentos expresados por AEE. Añaden que no cabría esperar otra cosa pues están adscritos a esta entidad, son socios de la patronal estatal, y colaboran con ella en la defensa de los intereses del sector.

Los mayores grupos eólicos de Galicia

La AEE, en los argumentos que suscriben su organización socia en Galicia, asegura que la obligatoriedad de vender el 50% de la electricidad producida por los parques a las pymes y empresas gallegas contraviene la normativa española y europea de competencia y libre mercado, genera inestabilidad jurídica y vulnera derechos fundamentales. Además, tilda la medida de «expropiación de facto», llamada, a juicio de la entidad, a provocar un encarecimiento de la energía y una cascada de demandas y arbitrajes internacionales.

En la Asociación Eólica de Galicia están asociados los principales grupos eólicos que operan en la comunidad, entre ellos los cuatro mayores promotores por número de megavatios instalados: Iberdrola, Acciona, Endesa y Naturgy, todas ellas también asociadas a la AEE. Junto a estas compañías, también se integran en la organización que preside José Manuel Pazo grupos como EDP, Norvento, Greenalia, Gamesa, Engie o la ourensana Adelanta.

Una carta a Rueda

Con argumentos similares a los que esgrime la patronal eólica española, la organización europea Wind Europe hizo pública una carta de su CEO, Giles Dickson, dirigida a al presidente de la Xunta. En la misiva,  insiste en que no hay apoyo legal en el ordenamiento comunitario para que una autoridad pública imponga al empresario cuándo y en qué condiciones debe retirar sus bienes, haciendo referencia a la repotenciación de parques. En relación a las ventas de energía, Dickson dice a Rueda que ue el sector público no puede injerir o condiciones decisiones de la política comercial de la empresas. «Dado el evidente contenido expropiatorio de estas medidas y la presencia de inversores no europeos, estas medidas presagian también la puesta en marcha de arbitrajes internacionales, retornando a un camino que ha sido muy poco productivo para la transición energética española y europea», expone Dickson en el escrito.

 «Me permito trasladarle nuestra opinión de que las medidas propuestas suponen un retroceso en nuestro afán común de conseguir una transición energética rápida y con máxima aceptación social», concluye la el CEO de Wind Europe, en una carta que también va dirigida a Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente; María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía; Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica; y Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía.