La amenaza de la marcha de Alcoa vuelve a aparecer en víspera de unas elecciones

Amenaza en toda regla de Alcoa. Tras anunciar el cierre de su refinería de alúmina en Kwinana, Australia, de la que dependen unas 800 personas de forma directa, la compañía, en la presentación de sus resultados anuales, volvió a poner en duda el futuro del complejo de San Cibrao. Con la planta de alúmina con la producción cercenada a la mitad y la de aluminio primario paralizada a la espera de la prometida reactivación de las cubas de electrólisis, el CEO del gigante americano, William Oplinguer, indicó que si la situación del complejo no cambia en los próximos meses no habrá más remedio “que tomar decisiones difíciles que tendrán un impacto adverso y potencialmente irrevocable en el empleo y la economía de Galicia”. Asegura que las plantas encadenan millonarias pérdidas y que los créditos intragrupo no alcanzan y están «al límite». Una amenaza que llega, de nuevo, en pleno periodo electoral.

Y es que no es la primera vez que los malos augurios de Alcoa se hacen notar cerca de un proceso electoral. En 2020 los de Pittsburgh parecían decididos a cerrar la planta de aluminio primario de San Cibrao debido a los altos precios de la electricidad y a las pérdidas acumuladas por la planta. Todo ese año, la multinacional llevaba demandando la puesta en marcha de un estatuto electrointensivo que ayudase a los grandes consumidores a rebajar su tarifa eléctrica que, insistía, no era competitiva frente a la de otras zonas de Europa. Fue el 28 de mayo de aquel año cuando la multinacional anunció el inicio de un periodo informal de consultas con el objetivo de poner en marcha un ERE para 534 trabajadores de la factoría de aluminio. Las tensas negociaciones con la plantilla se produjeron en plena precampaña y campaña de unas elecciones celebradas el 12 de julio, tras haber sido retrasadas unos meses debido al estallido de la pandemia del Covid.

Elecciones en 2020

La importancia del empleo que Alcoa genera en la Mariña lucense planeó en toda la campaña, en la que hubo ataques cruzados entre Xunta y Gobierno central por la gestión de cada administración. Núñez Feijóo, candidato a la reelección, acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez en el propio debate electoral de no haber tomado medidas para abaratar el precio de la electricidad de la gran empresas, con un estatuto electrointensivo que fijase unos precios máximos.

Aquella amenaza de cierre se contrarrestó fundamentalmente en los tribunales y por la acción de los sindicatos que denunciaron la “mala fe” del ERE, que fue tumbado a finales de aquel ejercicio por el TSXG y, luego, por el Supremo. Las negociaciones con las administraciones públicas pasaron distintas fases: el Gobierno central se abrió a triangular la venta de la factoría a la británica GFG Alliance, un extremo que nunca se llevó a cabo (la compañía sufrió un duro varapalo durante el proceso debido a la quiebra de su principal financiador, Greensill), y luego a ayudarla a buscar más compradores (se interesaron también Sidenor, Trafigura o el fondo Atlas).

Alcoa siempre dijo que estaba dispuesta a vender, pero a la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y con la condición de obtener un blindaje, de forma que no tuviese que enfrentarse a posteriores reclamaciones, evitando una situación como la de la judicialización de Alu Ibérica.

Ayudas públicas

Precisamente, la venta por parte de Alcoa de sus fábricas de A Coruña y Avilés al fondo suizo Parter, un proceso que luego derivaría en la venta a Grupo Industrial Riesgo y su posterior quiebra (la Audiencia Nacional tiene en marcha el proceso por la descapitalización fraudulenta de la empresa), también se llevó a cabo en un año electoral, en 2019, marcado por los comicios municipales y las generales.

Con el anuncio de este jueves, Alcoa vuelve a entrar, de lleno, en la agenda de la campaña electoral. Saben los americanos que también es el momento propicio para negociar, al cabo, mejoras con las administraciones. El Ministerio de Industria prevé sacar adelante este año dos convocatorias del llamado Perte de la descarbonización, al que lleva tiempo asegurando que se podrá acoger Alcoa con buenos resultados. La primera convocatoria de la línea 1 de este Perte está dotada con 500 millones de euros en préstamos y otros 500 millones en subvenciones, y el plazo para la presentación de solicitudes se abrirá el próximo 24 de enero.

Precedente australiano

Este jueves, el presidente del comité de empresa de Alcoa, José Antonio Zan, se refería a las amenazas de la compañía coincidiendo con los comicios. “Nos ha caído una plaga bíblica con las continuas amenazas todas las navidades y todos los años por parte de esta empresa”, dijo. “Unas amenazas que sufren los trabajadores y los dos gobiernos, que cada vez que hay elecciones se ven metidos en este problema”, dijo. “Lo que no podemos es seguir jugando a un juego de trileros”, dijo.

«Solo hay que ver lo que ha pasado en Australia, que justamente solicitaron en diciembre el apoyo del gobierno para la ampliación de la mina. Y una vez que se la concedieron, al mes siguiente despidieron a todos los trabajadores de la factoría de Kwinana», zanjó.