El Gobierno asume que tendrá que pagar a Audasa el triple de lo que costó la AP-9 si opta por el rescate

La AP-9, la autopista que recorre Galicia desde Ferrol hasta la frontera con Portugal en Tui, volvió a llamar a la puerta del Congreso. El ministro de Transportes, Óscar Puente, atendió una reclamación del BNG para liberar los peajes de la vía durante la sesión de control, reiterando que tal medida costaría a las arcas públicas unos 4.000 millones de euros, cifra que ya había puesto sobre la mesa el pasado fin de semana durante una entrevista en la Cadena Ser. «Resulta difícil el encaje económico y jurídico de llegar a unas bonificaciones del 100% de la autopista, lo que supondría virtualmente, un rescate. Inasumible para la Administración del Estado y con claros efectos lesivos para las arcas públicas«, afirmó el ministro.

El importe en el que los técnicos del Ministerio estiman el rescate de la autopista, cuya concesión está en manos del grupo Itínere hasta el 2048, equivale a casi el triple de la deuda actual de la concesionaria Audasa. La empresa cerró el pasado ejercicio con un pasivo de 1.099 millones, procedente de los préstamos y emisiones de bonos que realizó para acometer las obras en la vía. Esa cifra del balance es la aproximación más fiable a lo que resta por pagar por la infraestructura, incluyendo las últimas ampliaciones en Santiago y el Puente de Rande, que la filial de Itínere asumió con sus propios recursos.

Tan importante diferencia entre el rescate de 4.000 millones y la deuda pendiente de amortizar se debe a que el Ministerio de Transportes da por hecho que la retirada de concesión implicaría una compensación por el lucro cesante de la concesionaria, que ha ingresado ya 3.600 millones de euros por peajes durante el periodo de explotación de la vía. Esos casi 3.000 millones adicionales que calcula el Gobierno, equivaldrían a unos beneficios de unos 120 millones anuales durante los 24 años que restan de concesión.

Audasa cerró 2023 con un resultado de explotación de 121,5 millones, unas ganancias antes de impuestos de 110,1 millones y un beneficio neto de 82,5 millones. Si se toma como referencia el resultado de explotación, a la concesionaria le restaría por obtener unos 3.100 millones hasta 2048, que sumados a la deuda deja una cifra de 4.200 millones, similar a la que estiman los técnicos del Ministerio.

Ambas cifras superan ampliamente la inversión acometida por Audasa en la construcción de la autopista, que sitúa en sus balances en los 1.490 millones, incluyendo los costes financieros netos. Por tanto, también en este ámbito la indemnización prácticamente triplicaría el coste asumido por la empresa para levantar la infraestructura, si bien la concesionaria también asume costes de explotación y obras de mantenimiento que ralentizan la recuperación de lo invertido.

Pendientes de Bruselas

El Ejecutivo asume, por tanto, la posición que adoptó la concesionaria cuando Bruselas cuestionó la validez de la prórroga hasta 2048 que le concedió el Gobierno de José María Aznar por vulnerar la normativa comunitaria. La Comisión Europea cree que debió sacarse la vía a concurso en lugar de extender directamente a Audasa el periodo de explotación, algo que también hizo el Ejecutivo de Felipe González, aunque aquella prórroga ya ha vencido. No así la de Aznar. Cuando Bruselas pidió explicaciones a España, la concesionaria advirtió que la compensación a la que tendría derecho superaría “significativamente” su deuda actual.

Sin embargo, el BNG ha visto en la ofensiva de la Comisión Europea una oportunidad para espolear el rescate de la autopista y liberar los peajes. En su intervención en la sesión de control, Néstor Rego pidió a Puente un estudio «riguroso» sobre el coste que implicaría el rescate y recordó que el Gobierno ya aprobó una reserva de crédito de 2.300 millones para atender las bonificaciones de peaje que aplica en la vía a los usuarios recurrentes en virtud del acuerdo de investidura que cerró con la formación nacionalista.

«El Gobierno está dispuesto a regalar 2.300 millones a una empresa privada de capital foráneo en lugar de destinar eses mismos recursos a convertir en gratuita la AP-9, con el efecto positivo que tendría en el desarrollo social y económico de Galicia. Es un absurdo desde el punto de vista político y del sentido común», dijo Rego.