Copo, con 400 empleados en Mos, amenaza con marcharse a Portugal por la presión de los comuneros

La sombra de un posible cambio de domicilio planea sobre el Grupo Copo. La multinacional gallega estudia establecer en Portugal sus tres plantas, ubicadas en la localidad pontevedresa de Mos, tras conocer que la Comunidad de Montes de la parroquia de Tameiga se haya planteado multiplicar por 20 el canon que paga por sus terrenos. 

La concesión del suelo, según explican fuentes de la compañía, fue negociada en su día con el Ayuntamiento y vence en 2025. Por este motivo, los comuneros ya se han puesto en contacto con la firma para llegar a un acuerdo sobre el nuevo canon a pagar a partir de esa fecha. Sin embargo, la oferta multiplicaría por 20 el actual alquiler anual, hasta situarse cerca del millón de euros, una cifra «muy por encima» de lo que Grupo Copo, proveedor de la industria automovilística, estaría dispuesta a pagar.

Otras ubicaciones

Todo ello después de que entre 2016 y 2017 se formalizase un cambio de titularidad de los terrenos donde se ubican diferentes empresas de Mos, que pasaron de estar en manos del gobierno local a la Comunidad de Montes tras un fallo judicial.

Ahora Grupo Copo, que ocupa una parcela de unos 50.000 metros cuadrados y cuenta con cerca de 400 empleados en Mos, busca otras ubicaciones para sus factorías, en el caso de que los comuneros no negocien el precio.

Desde la compañía explican que, aunque no es sencillo encontrar unos terrenos que permitan continuar sus operaciones sin suponer dificultades para la empresa, Portugal sí ofrece algunos polígonos a precios «razonables» y que ya están urbanizados, lo que facilita la construcción de las nuevas naves.

La empresa calcula que, para llevar a cabo esta mudanza, tendría que iniciarse después de Navidad, por lo que ya estudian diferentes alternativas en caso de que los comuneros no acepten su propuesta, que estaría dispuesta a multiplicar por cinco el actual alquiler.

Problemas por las pretensiones de los comuneros

Por su parte, la Plataforma Gallega de Afectados por las Comunidades de Montes ha lamentado que casos como el de Copo son «una clara muestra del grave problema de inseguridad jurídica» que se está desarrollando en Galicia por las pretensiones de los comuneros.

En un comunicado, la organización augura que seguirán apareciendo más casos de este tipo mientras las administraciones no den respuesta para frenar «este despropósito».

 «Los titulares de empresas o fincas privadas que estén dentro de los planes en los que se apoyan los comuneros en sus reclamaciones deben saber que están en la misma situación que hoy amenaza a Grupo Copo, pues ni siquiera el título del Registro de Propiedad sirve de nada. Es un problema de toda Galicia con miles de gallegos afectados que ignoran esta situación dramática e injusta», ha indicado la presidenta de la Plataforma, Beatriz Ucha.

 Ella ha considerado «especialmente alarmante» que el Grupo Copo, con tres fábricas en el polígono de Monte Faquiña, esté estudiando su deslocalización, ya que emplea a unas 400 personas, por lo que ha insistido en pedir ayuda a las administraciones.