La Xunta gastará 11 millones en privatizar la gestión de las residencias de Amancio Ortega

El Consello de la Xunta ha aprobado este jueves la licitación del contrato para gestionar dos de las residencias de mayores que construye y equipa la Fundación Amancio Ortega. En concreto se trata de los centros de Santiago de Compostela y de Lugo. La decisión del Ejecutivo autonómico ha sido objeto de críticas entre la oposición y sindicatos. 

Los dos centros tendrán una «gestión social», ya que el procedimiento de licitación está reservado para entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro. La duración inicial del contrato es de dos años, con la posibilidad de prorrogarlo por un año más y el presupuesto es de 10,9 millones.

Con este paso, tal y como apuntan desde el Gobierno gallego, se avanza en la entrada en funcionamiento de estos dos centros, después de que hace dos semanas la Administración gallega recibiese la llave de la residencia construida en el barrio compostelano de O Castiñeiriño, con la intención de que funcione a comienzos de 2024. La de Lugo será la próxima a formar parte de la red pública de la Xunta y supondrá, entre las dos, la puesta a disposición de 240 nuevas plazas públicas para atención a personas mayores en situación de dependencia, 120 en cada una de ellas.

Alfonso Rueda, a preguntas de los periodistas, ha incidido en que «no es la primera vez que se elige» esta forma de licitación y ha incidido en que las plazas seguirán siendo «públicas». «Son entidades sociales sin ánimo de lucro», ha enfatizado el mandatario gallego, quien ha reprochado que la líder del BNG, Ana Pontón, se hubiese reunido con personas de las entidades sociales sin ánimo de lucro y ahora se critique esta fórmula.

 Rueda ha censurado la «incoherencia y la demagogia» y ha subrayado que se trata de una «magnífica noticia, por encima de alguna opinión, algunas respetables y otras por interés político».

Críticas de CC OO

Comisiones Obreras ha criticado que las residencias «continúan» la senda de las privatizaciones empleando «la eufemística fórmula de gestión indirecta de servicios públicos esenciales».

«Pasados seis años, ni las construyó el Gobierno gallego ni quiere asumir su gestión directa», ha sentenciado Comisiones, que ha censurado la «poca o nula información» que aporta la Consellería de Política Social, a la que recuerda que el peso de las plazas públicas en el sistema residencial gallego «es mínimo» al no alcanzar el 20%.

Para el sindicato, «no es cierto» que a usuarios y a la ciudadanía en general «no les importe» el modelo de gestión porque son conscientes de que los servicios públicos «se pagan con los impuestos de todos» y que los privados «acaban siendo más caros y de peor calidad».

También desmiente que la gestión por parte de una organización social sin ánimo de lucro suponga un abaratamiento respecto a la gestión directa puesto que, según argumenta CC.OO., estas entidades «no trabajan gratis».

«El beneficio que consigue la entidad adjudicataria es la diferencia entre lo que le paga la Xunta por desentenderse de la gestión y el costo real del servicio prestado», ha incidido Comisiones, que pone el foco en las condiciones laborales de los trabajadores, «peores» que las de centros públicos.