El comité de Alcoa amenaza con demandar a la empresa por estafa, sabotaje y alzamiento de bienes
El comité considera que la multinacional no tenía intención de hacer el horno de ánodos, que era principal inversión contemplada en el plan de viabilidad firmado con los trabajadores, y que “engañó” a la plantilla para “pagar unos gastos que, en realidad, era un paripé”
La fábrica de Alcoa, a 24 de enero de 2024, en San Cibrao, Lugo, Galicia (España). Carlos Castro – Europa Press – Archivo
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El comité de Alcoa San Cibrao pedirá una reunión a las asesorías jurídicas tanto de la Xunta como del Gobierno central con el objetivo de que empiecen a trabajar con los sindicatos en una posible demanda a la multinacional por delitos de «estafa, sabotaje y alzamiento de bienes».
Según apuntó a EFE el presidente del comité, Jose Antonio Zan, en función de la información facilitada por un ayuntamiento mariñano, Alcoa “paralizó la obra del horno de cocción en noviembre pasado”, dado que “retiraron los permisos” necesarios para acometer una obra de esa envergadura. “No siguieron con ellos”, precisó.
Por lo tanto, “en noviembre del pasado año ya no tenían pensando hacer el horno”, que era la principal inversión contemplada en el plan de viabilidad firmado por la compañía con sus trabajadores.
“En agosto finalizó la ingeniería para hacer ese horno”, dijo Zan, pero luego se demostró que era “un engaño total, para que pagásemos unos gastos por algo que, en realidad, era un paripé”.
“Han incumplido el acuerdo. Si esto es así y se demuestra, estaríamos hablando de un supuesto delito de estafa bastante claro”, añadió.
Alzamiento de bienes
Por otra parte, aprecia un supuesto “delito de alzamiento de bienes” por parte de la compañía, por “retirar dinero de un fondo de garantía para una obra que, desde noviembre, ya sabían que no se iba a hacer”.
Además, opina que una eventual demanda también podría incluir el delito de “sabotaje”, dado que la compañía “desmanteló el anterior horno”, cuando ya sabía que no iba a hacer otro nuevo.
A esto se añade el “romper la paz social”, al no cumplir “convenios y acuerdos firmados”. A su juicio, son indicios suficientes “para esa posible demanda”.
