Comisiones Obreras acusa a Alcoa de «estafa» y «sabotaje» ante la venta de San Cibrao
El sindicato calcula que el complejo de San Cibrao generó tres millones de euros en beneficios desde su reinicio y reclama a la Xunta y el Gobierno su intervención
Comisiones Obreras vuelve a la carga contra Alcoa mientras se ultima la llegada de las primeras ofertas no vinculantes por el complejo de San Cibrao. A través de un comunicado, la federación de industria del sindicato acusa a la multinacional con sede en Pittsburgh de «estafa y de «sabotaje».
«Siguen incumpliendo el plan de viabilidad, lo que deja claro la gran posibilidad de que se esté cometiendo un presunto delito de estafa, además de sabotaje a las instalaciones por haberlas desmantelado sin intención de rehacerlas«, aseguran desde Comisiones Obreras.
A su juicio, «Alcoa no gana dinero porque no quiere» ante este escenario «con el precio del aluminio en máximos y con los precios más bajos de la energía en Europa». «Se estima que podría estar ganando 1.000 euros por tonelada de aluminio, que, teniendo en cuenta la capacidad productiva, nos llevaría a más de 200 millones de euros de ganancia», recalcan desde CCOO, que cifra en «cerca de tres millones de euros» los beneficios desde el rearranque de las 32 primeras cubas el pasado mes de abril.
CCOO pide la intervención de Alcoa
El comité de empresa afea a la empresa su postura bajo la cual aseguraba que este reinicio de sus operaciones «llevaría a pérdidas inasumibles». Ante este escenario que describen, desde Comisiones Obreras aseguran que todo hace pensar que “Alcoa sigue con su hoja de ruta, que no es otra que cerrar la factoría y en ningún caso cedérsela a un competidor, porque sabe que la planta es viable y no se la va a dejar a la competencia”.
Es por ello que desde CCOO de Industria instan tanto al Gobierno como a la Xunta de Galicia a que intervengan la empresa “tal y como la ciudadanía, el comité, el Congreso a iniciativas de varias proposiciones no de ley les han solicitado en varias ocasiones”. El objetivo es “garantizar de este modo la viabilidad de una empresa estratégica según el propio gobierno”.
“No podemos permitir que una multinacional con procesos judiciales abiertos por una presunta estafa se siga riendo de toda una comarca, del Gobierno, de la Xunta y de la soberanía industrial de este país”, concluye el comunicado.