Choque entre patronales por la presión de la Xunta a la industria eólica

Los movimientos de la Xunta para intentar garantizar que los nuevos proyectos renovables generen un impacto positivo en el territorio en forma de energía barata para empresas y ciudadanos han provocado una respuesta dispar en las patronales, que en los últimos días han intercambiado comunicados para mostrar su respaldo o su desacuerdo con las medidas impulsadas por el Gobierno gallego.

La confrontación la inició la Asociación Empresarial Eólica, que representa a las principales empresas del sector en España, y que en dos ocasiones manifestó su rechazo a los planes de San Caetano. La primera vez, el 24 de octubre, pronunciándose contra la obligatoriedad de las repotenciaciones en determinados parques eólicos; y la segunda, la pasada semana, criticando con dureza la obligación de vender la mitad de la energía producida a empresas gallegas mediante contratos PPA, medida que avanzó la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, aunque todavía no se materializó.

Tras las quejas de la patronal eólica, entidades empresariales gallegas, que se presumen más próximas a la Xunta, manifestaron su apoyo al enfoque del Gobierno gallego, destacando la necesidad de que el aprovechamiento de los recursos naturales de Galicia favorezca la competitividad de las empresas asentadas en el territorio. El fin de semana fueron once clústeres los que se pronunciaron en este sentido en un comunicado, y este martes fue la propia Confederación de Empresarios de Galicia y su presidente, Juan Manuel Vieites.

Nuevo enfoque para un sector paralizado

El intercambio de mensajes se produce en medio del nuevo enfoque que trata de implantar el Gobierno gallego. Hasta ahora, un parque eólico era un bien en sí mismo, suponía una inversión y generaba empleo durante su construcción. Ahora, ante la proliferación de proyectos renovables vinculados a la descarbonización, Alfonso Rueda hilvanó una serie de instrumentos para garantizar que las nuevas instalaciones generan riqueza y energía barata en el territorio donde se implantan. Para ello impulsó la sociedad público-privada Recursos de Galicia, la comercializadora  RDG Comercializadora Galega de Enerxía, la ley de recursos naturales y, próximamente, un nuevo plan sectorial eólico.

Paradójicamente, la escaramuza provocada por estas nuevas herramientas legislativas y societarias coincide con un momento de parálisis del sector, con solo 45 nuevos megavatios instalados desde 2020. El malestar social provocado por la proliferación de proyectos acabó con la judicialización de los parques y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia suspendió cautelarmente más de 60, al ver riesgo de daño ambiental en su construcción, poniendo así en duda la evaluación de la Xunta al conceder las autorizaciones.

Empresas entre dos aguas

La refriega entre entidades empresariales ha colocado a algunas compañías en extraña situación. En la Asociación Empresarial Eólica están asociadas empresas como Norvento, Naturgy, Applus, Iberblue, Ivenergy, Bureau Veritas o Ares PMO. La patronal eólica española sostiene que obligar a los parques eólicos a vender el 50% de la energía a empresas gallegas va contra la legislación europea, ya que vulnera la normativa de competencia y de libre mercado. Vaticina que, de seguir adelante, provocará sanciones y arbitrajes internacionales, que tiene un carácter expropiatorio y que agrava la inestabilidad jurídica que ya atraviesa el sector en la comunidad.

Estas mismas siete empresas forman parte de Cluergal, el clúster gallego de las energías renovables y uno de los firmantes del comunicado conjunto del pasado fin de semana. En él, once entidades señalaban que el aprovechamiento de los recursos naturales de Galicia «debe repercutir directamente en las industrias y en los consumidores gallegos», por lo que las medidas que tengan como objetivo que la producción renovable en la comunidad «contribuya reducir la factura eléctrica de las empresas» son «indispensables».

Hasta el momento, no se ha pronunciado de manera directa la Asociación Eólica de Galicia (EGA), aunque está integrada en la Asociación Empresarial Eólica, la patronal estatal que cargó contra las medidas de la Xunta.

La CEG apoya a la Xunta, pero pide seguridad jurídica

En la refriega fijó posición también la Confederación de Empresarios de Galicia, defendiendo las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno gallego, aunque reclamando también seguridad jurídica. Para el presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites, «es necesario seguir apostando y profundizando en la sostenibilidad» del territorio y en «un mayor beneficio social y económico de sus actores y en particular en la reducción de los costes de la energía y de la dependencia energética». Ahora bien, «debe realizarse sin perjuicio del marco jurídico del mercado eléctrico, de la libertad de empresa y de los principios y libertades del Mercado Único Europeo».

La CEG sostiene que «la disponibilidad de energía a precios competitivos, así como su origen renovable, son factores esenciales para atraer y retener proyectos en Galicia», por lo que ve «lógico e innegociable» que la producción de energía redunde en beneficio de las comunidades locales y, consecuentemente, en las empresas y profesionales que desarrollan su actividad en el territorio. «Galicia debe apostar por medidas que apoyen y favorezcan a las empresas que estén establecidas en el territorio y especialmente donde se produce energía verde, como ya han puesto en marcha otras comunidades autónomas», concluye Vieites.