CCOO suspende a un secretario de Industria en Galicia tras recibir denuncias por acoso sexual

Comisiones Obreras ha suspendido de manera cautelar a un responsable comarcal de la Federación de Industria en Galicia que fue denunciado por acoso sexual y sindical a una delegada. El pasado 23 de diciembre, la comisión ejecutiva de Industria a nivel estatal, acordó la suspensión cautelar de los derechos como afiliado, de sus cargos en la organización y de sus funciones de representación de CCOO en cualquier organismo o entidad de José María González Cibes, hasta ese momento secretario general comarcal de Industria en Santiago-Barbanza.

Tras la apertura del procedimiento sancionador, el 25 de noviembre, la comisión instructora que lleva el caso tuvo conocimiento de una segunda denuncia contra el sindicalista por presunto abuso sexual a una afiliada. El acuerdo por el que se adoptan las medidas cautelares, entre las que también se incluye la restricción al acceso a las instalaciones, sedes y dependencias del sindicato o al material y equipamiento de CCOO, da cuenta también de la existencia de denuncias judiciales contra González Cibes.

«Los hechos pueden ser constitutivos de infracción penal, y se tiene conocimiento de que se han interpuesto por las personas afectadas a los órganos jurisdiccionales competentes, lo que no implica la suspensión de la tramitación del expediente disciplinario al ser la responsabilidad disciplinaria distinta y compatible con la penal», dice el documento al que ha tenido acceso este medio.

CCOO decide la suspensión cautelar de los derechos y cargos del secretario comarcal al encontrarse ante hechos de «extrema gravedad». «Sin prejuzgar la existencia de las faltas muy graves, y debido a la condición que ostenta la persona imputada como secretario general del SC de Industria en Santiago-Barbanza, y por tanto representante del sindicato en este ámbito, procede imponer medidas cautelares que impidan que durante la tramitación del procedimiento se puedan generar perjuicios graves a los derechos e intereses legítimos de la Federación de CCOO de Industria, de las personas afiliadas o de terceros», señala el documento.

El acuerdo se produce después de tomar declaración a víctima, denunciado y testigos, y el procedimiento sancionador, que se abrió por posible acoso sexual y por razón de sexo, está todavía pendiente de cerrarse, ya que debe pronunciarse la comisión de garantías. Las fuentes consultadas indican que los hechos investigados durante la instrucción se han puesto en conocimiento de la Fiscalía.

La cúpula de Industria en Galicia conocía el caso

No es extraño que el caso se lleve desde Madrid, pues el reglamento de medidas disciplinarias de CCOO aprobado en la Confederal de enero de 2016 otorga competencias a las comisiones ejecutivas de federaciones estatales para iniciar el procedimiento sancionador. A partir de ahí, se designa una comisión instructora para la investigación, que en este caso está formada por Victoria Hinojosa,  responsable de Organización; Eva María Madrigal, responsable de Mujeres e Igualdad; y Manuel Alejandro González Muiño, responsable de Salud Laboral. Sin embargo, esta misma competencia de activar el procedimiento, en este caso, el protocolo interno contra el acoso, también la tiene la Federación de Industria en Galicia.

La denuncia presentada y que desencadenó la suspensión del secretario comarcal de Santiago-Barbanza detalla que los hechos se pusieron en conocimiento de Juan Carlos López Corbacho, secretario de la federación gallega de Industria y en su momento líder de las protestas de los trabajadores de Alcoa en A Coruña; y de la secretaria de Organización y Finanzas, Eugenia Freire Fajardo, en octubre de 2023. Siempre según la denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, se pidió a la denunciante que esperara a que finalizasen las elecciones sindicales en Jealsa, la empresa en la que trabajaba la delegada que denunció el acoso.

No hubo movimientos desde los responsables de la Federación gallega hasta más tarde. Y no vinieron de los cargos que habían sido informados previamente. Fueron dos miembros de la federación comarcal quienes acudieron a Noah Ceveira Vázquez, responsable de Juventud, Mujer y Planes de Igualdad en la Federación de Industria de CCOO en Galicia. Ésta, a su vez, trasladó la denuncia a la responsable de Organización de Industria a nivel estatal, Victoria Hinojosa, quien puso en marcha el protocolo contra el acoso.

Por qué no se activó desde Galicia

En la dirección de Industria en Galicia explican que, efectivamente, la denunciante les informó del caso y que se acordó con ella que presentaría un escrito para iniciar el procedimiento. Dos elementos retrasaron todo. Según explica el secretario general, Juan Carlos López Corbacho, la propia denunciante prefirió esperar a que finalizasen las elecciones sindicales en Jealsa y accedió a la petición de un compañero, Enrique Reino, a aguardar a que finalizase su demanda por despido en la conservera para no perjudicarlo. Corbacho entiende que tenían el deber de respetar la voluntad y los tiempos de la potencial víctima.

Posteriormente, señala que el escrito nunca les fue comunicado y que el procedimiento sancionador se abrió directamente desde la Federación estatal. El escrito de la denunciante reconoce que tardó en poner en conocimiento de la Federación gallega de Industria el caso «por no querer enturbiar el despido de mi compañero» que estaba siendo defendido por el sindicato y por «las elecciones sindicales de mi empresa». La comisión instructora que siguió el caso también dejó constancia de que un compañero «pidió a la denunciante que no abriera ningún procedimiento hasta no acabar con su demanda de despido y pasaran las elecciones en Jealsa». En estos dos factores considera Corbacho que está la clave para que no se activara inmediatamente el protocolo desde Galicia.

Proposiciones sexuales

La denuncia relata que González Cibes, con el que trabajaba en el sindicato acompañándole en visitas a empresas y otras tareas, le hizo proposiciones de índole sexual hasta en tres ocasiones. La negativa a las sugerencias del sindicalista desencadenaron, a juicio de la denunciante, una serie de represalias tanto en el sindicato como en la conservera donde trabajaba. En el caso de Jealsa, según consta en el documento, esto se manifestó en un traslado del puesto en el que había desempeñado sus funciones «durante 23 años», iniciando un periplo por diversas tareas que acabaron con la trabajadora sufriendo «mareos y desmayos por altas temperaturas» que se sumaron a los problemas de «ansiedad «que arrastraba por la situación que atravesaba. La denunciante indica que no recibió defensa del secretario comarcal, sino la recomendación de «estarse quietecita» junto a lo que consideró «una amenaza de ser también despedida».

A nivel sindical, según la denuncia, se la aparta de sus funciones en elecciones sindicales, afiliación y atención sindical; y se le intenta denegar el crédito horario para realizar tareas en el sindicato. A esto se suman encontronazos y faltas de respeto. Una de ellas, que narra la denunciante, se produjo en la reunión de la ejecutiva comarcal de julio de 2024 en la que González Cibes dijo sobre ella que la «sacaba de paseo», en referencia a las visitas que hacían juntos a actos o empresas. Estas palabras provocaron un agrio enfrentamiento ante la ejecutiva, que la delegada plasmó en la denuncia, pues considera que agravó su estado de salud en un momento en el que estaba a tratamiento por ansiedad.

Tres denuncias

El pasado diciembre, la trabajadora lleva ante la Guardia Civil la denuncia que presentó previamente en el sindicato. Según los documentos que pudo consultar este medio hay otras dos denuncias más contra el secretario comarcal suspendido. Una de ellas por violencia de género presentada por una afiliada que había mantenido una relación de pareja con González Cibes y que quedó registrada el pasado 7 de diciembre. La otra, también de una delegada con la que mantuvo una relación de pareja, por maltrato psicológico y sindical, presentada ante la Guardia Civil en Boiro el pasado febrero.

En los documentos consultados por este medio, las denunciantes dejan constancia de que cargos de la Federación gallega de Industria de CCOO, como Víctor Ledo, primero secretario general y después de Organización; o Pedro Comesaña, responsable de Política Industrial y Formación, eran conocedores del caso, dando a entender que no activaron los protocolos que correspondían pese a las denuncias.