Caso Banesto: el saqueo de Carburos Metálicos, germen de Ferroatlántica, pasó por Suiza y Liechtenstein

El ya nonagenario Juan Miguel Villar Mir, que llegó a ser vicepresidente del Gobierno y ministro de Hacienda en el primer Ejecutivo bajo el reinado de Juan Carlos I, entre 1975-76, supo reinventarse después con olfato para comprar empresas en problemas y reestructurarlas. Lo hizo con plantas de ferroaleaciones, con constructoras, con fábricas de fertilizantes… Un caso de estudio fue Carburos Metálicos, después Ferroatlántica, adquirida en 1992 a la Corporación Banesto de un achuchado Mario Conde con financiación del propio banco. Todo quedaba en casa.

Lo que aparentemente no conocía Villar Mir cuando firmó la compra de Carburos Metálicos, con plantas en Cee y Dumbría y saltos de agua que no pudo segregar, como era su intención, es que el germen de lo que sería después Ferroatlántica sufrió todo un saqueo previo, que acabó en Liechtenstein. Villar Mir ejerció el 16 de octubre de 1992 la opción de compra sobre las divisiones de ferroaleaciones y energía eléctrica por unos 17.000 millones de las pesetas de entonces. La intervención de Banesto y caída de Mario Conde se firmó un 28 de diciembre de un año después, cuando se cumple ahora su treinta aniversario.

El caso Carburos Metálicos

“Abordar la sentencia de la Audiencia Nacional de 31 de marzo de 2000 sobre el denominado caso Banesto no ha sido una tarea fácil, pues en realidad, no puede hablarse de un único caso, sino que los hechos probados se articulan en torno a nueve supuestos”. Lo cuenta la profesora de Derecho Penal Teresa Rodríguez Montañés, también letrada del Tribunal Constitucional, en la Revista de Derecho Penal y Criminología. Uno de esos casos dentro del propio caso Banesto fue Carburos Metálicos.

Los hechos probados del proceso judicial lo dicen todo. En 1989, Banesto tenía el 24,8% del capital social de Carburos Metálicos. En 1990, la sociedad Air Products muestra su interés por ampliar su participación en Carburos mediante la compra de acciones de la sociedad a Banesto y el día 4 de abril de ese año se firma un contrato definitivo por el que Air Products adquiría el derecho a comprar 672.000 acciones de Carburos, estipulándose como precio por unidad de opción 2.000 pesetas, de donde resulta que el precio total de la opción de compra era de 1.344 millones de pesetas.

Desvío de dinero a Suiza

A la firma del citado contrato asisten, por parte de Banesto, Arturo Romaní, mano derecha de Mario Conde y jefe de la conocida como Corporación Banesto, y Rafael Pérez Escolar, que fue presidente de Carburos. Los dos ya han fallecido. “Ambos  acusados”, dicen los hechos probados, “habían planificado que la cantidad convenida como precio de las opciones, que ascendía a 1.344 millones de pesetas no debía ingresar en Banesto, sino quedar a su disposición en Suiza”. “Conforme a lo planificado, Romaní y Pérez Escolar se pusieron en contacto con el también acusado Jacques Hachhuel, a fin de que éste recibiera el pago de Air Products en Suiza a través de una sociedad suya”.

“Con la intención de que no quedase rastro documental del pago que debía hacer Air Products”, continúan los hechos, “y no pudiera ser detectado en el banco al registrar el documento, Arturo Romaní, invocando razones de confidencialidad, logró que los representantes de Air Products presentes en la firma del contrato accediesen a suprimir la referencia a las 2.000 pesetas por opción…” “Al mismo tiempo, … éste (Romaní) indicó a los representantes de Air Products que el pago debía hacerse a la cuenta del NM Bank de Ginebra (Suiza)”. Desde esa cuenta bancaria el dinero fue transferido por un bufete de abogados a una cuenta de la sociedad de Jaques Hachuel en Liechtenstein, “reteniendo una parte como compensación por su participación y entregando el resto a un tercero, quien a su vez lo entregó a otra persona en dos cheques, que fueron depositados en una cuenta bancaria en Liechtenstein”.

Tras la sentencia del Supremo, en 2002, que dobló la pena de cárcel a Mario Conde, quien fuera su mano derecha en la corporación industrial, Arturo Romaní, ingresó en la cárcel de Soto del Real para cumplir una condena de 13 años y 8 meses. Su viuda fue multada recientemente por la Audiencia Nacional por blanquear dinero, precisamente, desde Liechtenstein.