Cártel de coches: más de un millar de demandas presentadas y unos 40.000 afectados en Galicia
El despacho BGI LAW representa a un millar de vigueses que reclaman contra los grandes fabricantes una indemnización por el sobreprecio que pagaron por su coche, que calculan entre el 10% y el 20% del coste del vehículo
Línea de montaje en la planta del grupo Stellantis en Vigo. Europa Press
Comentarios
Todo apunta a que el cártel de coches provocará un atasco judicial en Vigo, algo de lo que ya ha advertido el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al solicitar refuerzos para el juzgado de lo Mercantil 3 de Pontevedra, donde prevén que puedan entrar unas 20.000 demandas contra los grandes fabricantes el año que viene. Los datos que manejan los despachos de abogados apuntan en la misma dirección. La oficina de Vigo de BGI Law representa ya a más de un millar de demandantes. Todos ellos adquirieron un vehículo a las compañías sancionadas por operar en cártel en la comercialización de los coches, entre las que están Stellantis, BMW, SEAT, Toyota, Mercedes, Hyundai, Nissan, Volvo o Ford.
La sede de Stellantis en Vigo hace que un buen número de los procedimientos recaiga en los juzgados gallegos. Juan Camacho, socio de BGI Law, estima que puede haber unos 40.000 gallegos afectados por la actuación del cártel y que estarían en disposición de demandar por esta práctica abusiva. El grupo automovilístico, de hecho, provisionó 3,3 millones para hacer frente a las reclamaciones, reconociendo además un alto grado de incertidumbre sobre cuántos clientes demandarán y qué compensación establecerán los tribunales.
En todo caso, parece garantizada una «saturación» en los juzgados olívicos ante la «avalancha» de procedimientos, según apunta Camacho.
El sobrecoste de los coches
Los litigios se fundamentan en que los clientes abonaron un sobreprecio cuando adquirieron su vehículo y que ahora tienen derecho a percibir una indemnización por ese coste adicional. Para ello, los juzgados deben asumir, y así lo están haciendo en la mayoría de casos, que la operación del cártel implicó un mayor coste para los usuarios, mientras que los fabricantes intentan demostrar justamente lo contrario, que no hubo alteración. Stellantis incluso encargó un informe pericial a KPMG con este objetivo.
La mayor parte de las sentencias, también las primeras emitidas por el Tribunal Supremo, estiman este sobreprecio entre un 5% y un 10% del precio de venta del vehículo, si bien BGI Law considera que las indemnizaciones podrían alcanzar hasta un 20%. La OCU presentó hace poco más de un mes las tres primeras demandas colectivas contra 13 fabricantes: Seat, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Hyundai, Chevrolet, Nissan, Mercedes, Toyota, Lexus, Honda y Volvo. Próximamente presentará otras cuatro demandas contra Peugeot, Citroën, Opel, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Dodge y Jeep, en la primera; Ford, Mitsubishi y BMW, en la segunda; Kia y Mazda en la tercera; y Renault, en la cuarta.
Multa de 137 millones
En 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso multas por valor de 171 millones entre los principales operadores del mercado español por intercambiar información sensible y fijar precios en los concesionarios y en los servicios postventa. Entre los sancionados estaba la comercializadora de PSA, PSAG. El recorrido judicial de ese expediente generó el escenario para el aluvión de demandas.
El Tribunal Supremo consideró acreditado el cártel, que operó entre 2006 y 2013, y declaró firmes las sanciones, lo que abrió la puerta a que los clientes pudieran demandar. Las filiales comercializadoras que fueron sancionadas controlaban aproximadamente el 90% del mercado en España. La tesis de los demandantes es que en un mercado no adulterado por el cártel habrían pagado menos por sus vehículos, ya que la operativa permitía a los fabricantes coordinar precios al alza.
Los coches del cártel
La Agrupación de Afectados por el Cártel del Coche, uno de los diversos grupos organizados en torno a despachos de abogados para las demandas, hizo una lista con los modelos vendidos durante el periodo de funcionamiento del cártel y que, por tanto, son susceptibles de indemnización. En el caso de Citröen se trataría del Citroën C1, Citroën C3, Citroën C4, Citroën C5, Citroën C6, Citroën C8, Citroën C-TRIOMPHE, Citroën C-CROSSER, Citroën DS3, Citroën DS4, Citroën DS5, Citroën Grand C4 Picasso, Citroën Jumper, Citroën Jumpy y Citroën Nemo.
En Peugeot estarían incluidos el Peugeot 107, Peugeot 108, Peugeot 206, Peugeot 207, Peugeot 208, Peugeot 407, Peugeot 4007, Peugeot 4008, Peugeot 3008, Peugeot 308, Peugeot 5008, Peugeot 508, Peugeot Expert, Peugeot Partner y Peugeot RCZ.
