Carmen Lence, Marián Mouriño y Lupe Murillo, tres presidentas que reclaman el peso económico y social del deporte

El Foro Económico de Galicia pone fin a su XIII Reunión Anual con una jornada en la que también ha participado Cristina Herrero, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que repasó la nueva etapa que se abre para la política fiscal española en 2024

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El Foro Económico de Galicia ha cerrado su XIII Reunión Anual, celebrada en Muxía, con un debate sobre el impacto económico del deporte profesional en Galicia en el que participaron las presidentas de tres entidades deportivas –Carmen Lence, Breogan; Lupe Murillo, Pontevedra F.C.; Marián Mouriño, Celta de Vigo– y el secretario general de Deportes de la Xunta de Galicia, José Ramón Lete.

Carmen Lence defendió la apuesta por el Breogán, no solo por el aporte económico, sino porque apoyar al club “coloca a Lugo en el mapa y repercute en el conjunto del territorio”. Por su parte, la presidente del Celta destacó que “la gestión del club se lleva a cabo como la de una empresa” y su objetivo es “abrir al club a la sociedad viguesa” mientras que Lupe Murillo puso de relieve “el liderazgo femenino en el deporte”. 

Nueva etapa para la política fiscal española

En el evento, al que asistieron cerca de un centenar de expertos académicos, empresarios y gestores públicos,  también participó la presidenta de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), Cristina Herrero, quien repasó la nueva etapa que se abre para la política fiscal española en el año 2024, con la vuelta a las reglas fiscales y la entrada en vigor de un nuevo marco fiscal europeo que tendrá que incorporarse a la realidad española.

Según destacó Herrero, España “tendrá que enviar a las instituciones europeas el próximo mes de septiembre una estrategia fiscal de medio plazo que reduzca la deuda de manera sostenida”.

La presidenta repasó las principales novedades de la reforma europea, entre las que destacan los Planes fiscales estructurales de medio plazo que tendrán que proponer los estados miembros con un compromiso de medio plazo para reducir la deuda pública. “Se trata de planes fijos para un horizonte de al menos cuatro años que solo podrán modificarse en circunstancias excepcionales y que obligan, por tanto, a un ejercicio de planificación muy distinto al que se venía haciendo hasta ahora”, destacó.

Tal y como apuntó Herrero, estos cambios exigen una nueva forma de hacer política fiscal y suponen el inicio de una nueva etapa en la que la planificación y la coordinación entre las administraciones públicas “adquiere una relevancia clave y recalcó que los planes fiscales tienen vocación de permanencia, por lo que su definición debería gozar de un elevado consenso político”. 

Esta segunda sesión también permitió conocer los principales desafíos que plantea la ciberdelincuencia para las empresas y las dificultades para controlar el manejo de datos ante la globalización de las operaciones con una exposición que corrió a cargo de José Manuel Rebollal, del INCIBE. 

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