Las eléctricas reclaman más de 100 millones al Estado por el nuevo canon a los embalses

El Ministerio para la Transición Ecológica vuelve a tener sobre la mesa la devolución de grandes sumas de dinero recaudadas con los impuestos al aprovechamiento hidroeléctrico. En 2021, el Ejecutivo reservó algo más de 1.900 millones para reintegrar a las eléctricas lo que habían pagado del canon hidráulico después de que el Tribunal Supremo anulara la aplicación del gravamen con carácter retroactivo en los ejercicios 2013 y 2014, además de algunos preceptos adicionales que afectaban al periodo comprendido entre 2015 y 2020. Iberdrola o Endesa, las que más habían pagado, fueron después las más beneficiadas por la resolución judicial.

Ahora, las eléctricas mantienen una nueva pugna por el tributo, que grava la utilización de aguas continentales para producir energía. El llamado canon hidroeléctrico se reformó en 2022 a modo de respuesta a la sentencia del Supremo que enmendó la normativa alumbrada por el Gobierno de Mariano Rajoy. A pesar de las modificaciones, el impuesto ha vuelto a provocar un choque entre las compañías y el Ministerio a la hora de su aplicación. Las empresas alegan que les han cobrado un año antes de lo que correspondía y piden la devolución del dinero con intereses.

Tomando como referencia las memorias presentadas por las confederaciones hidrográficas Miño-Sil, Júcar, Duero y Cantábrico, la cuantía en disputa ascendería ya a 89,7 millones, pero habría que sumar también lo recaudado por el resto de confederaciones (Tajo, Ebro, Guadiana, Guadalquivir y Segura) que todavía no han publicado sus memorias en el portal de transparencia. De esta manera, el importe final estará presumiblemente bastante por encima de los 100 millones.

Cuándo se puede cobrar el canon

La discrepancia radica en si el Ejecutivo puede cobrar este impuesto ya en el ejercicio 2022, cuando entro en vigor la nueva normativa, o si debe esperar al ejercicio de 2023 para poder recaudar por este concepto. Según explica la Confederación Hidrográfica Miño-Sil en su memoria de ejercicio, la Ley 7/2022 que reformó el tributo entró en vigor el 10 de abril de 2022.

«Se han recibido en el organismo diversas solicitudes de devolución de ingresos indebidos, por considerar los contribuyentes que, habiendo entrado en vigor la reforma del canon en el mes de abril de 2022, no es exigible hasta el ejercicio 2023, de acuerdo con el art. 10 de la Ley General
Tributaria. La CHMS y el resto de organismos de cuenca han elevado a la Dirección General del Agua estas reclamaciones, para que por el Ministerio de adscripción se determine un criterio común», añade el documento.

El dinero recaudado

Este mismo organismo señala que recaudó algo más de 36 millones por el canon hidroeléctrico el año pasado por la liquidación del tributo del ejercicio de 2022. De este importe, la mitad se lo queda la propia confederación y la otra mitad va a parar al Tesoro Público, por lo que en caso de que hubiera que devolverlo también sería al 50% cada uno. Adicionalmente, les correspondería pagar otros 2,4 millones de intereses a las eléctricas, por lo que la factura total podría ascender a 38,4 millones.

Pero estas cifras solo afectan a la demarcación Miño-Sil, que incluye numerosos embalses gallegos. En el caso de la Confederación Hidrográfica del Duero hay otros 38,2 millones en disputa; la del Cantábrico sumaría 4,8 millones más y la del Júcar otros 8,7 millones.

Cobro indebido

Las confederaciones hidrográficas han dotado ya provisiones para afrontar la posible devolución y algunas dan por hecho en su memoria que tendrá que hacerse, pues el tributo se cobró indebidamente. A eso apunta, al menos, la Confederación del Duero en base a un informe emitido por la Abogacía del Estado el pasado octubre en el que indicaba que el nuevo impuesto es aplicable a partir del 1 de enero de 2023, por ser el primer periodo impositivo desde la entrada en vigor de la ley. En consecuencia, los ingresos obtenidos por este concepto correspondientes a la liquidación del ejercicio de 2022 suponen un cobro indebido.

Esta posición de la Abogacía del Estado sugiere que el Gobierno podrá recaudar por el nuevo canon a partir de este año, cuando se liquida el impuesto de 2023, y que tendrá que devolver con intereses lo ya cobrado, marcando así un curioso paralelismo con lo sucedido antes de la reforma del canon.