Bruselas da dos meses al Gobierno para justificar la prórroga de la AP-9 de Aznar

El Gobierno gana tiempo extra para cumplir con los últimos requerimientos de Bruselas sobre la AP-9. Este lunes 24 de junio finalizaba el plazo concedido por la Comisión Europea para justificar ante Bruselas la última prórroga de la AP-9 dictada por el Ejecutivo de José María Aznar.

Sin embargo, este plazo se estirará previsiblemente durante otros dos meses. Según fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible consultadas por la agencia Europa Press, Bruselas habría dado luz verde a la petición del Gobierno de ganar dos meses más para responde en el marco de los expedientes de infracción por incumplimiento tanto de la legislación comunitaria sobre contratación pública como de la normativa sobre la concesión de autopistas.

Así, el Gobierno dispone ahora de otros dos meses para responder y subsanar las deficiencias planteadas por la Comisión, que, a falta de una respuesta satisfactoria, puede decidir llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este procedimiento abierto por la autopista AP-9 tiene que ver con la prórroga de su concesión y su adaptación a la normativa europea. Los Estados miembro debían incorporar a su legislación nacional las normas que regulan los contratos públicos y los contratos de concesión antes del 18 de abril de 2016, un plazo que España incumplió junto a Bulgaria y Rumanía.

Segundo expediente de Bruselas

La directiva pretende abrir los mercados públicos a una auténtica competencia entre empresas de toda la UE para garantizar una mejor relación calidad-precio en las licitaciones públicas. Bruselas señala que la legislación española esta no respeta, en particular, el ámbito de aplicación de la directiva en lo que se refiere al tipo de poderes adjudicadores, contratos y modificaciones que deben cubrirse.

España afronta también un segundo expediente de infracción por prorrogar la duración de dos concesiones de autopistas sin aplicar adecuadamente los procedimientos de licitación, infringiendo las normas de la UE.

Con ello, la Comisión busca garantizar el respeto de la regulación comunitaria sobre concesiones, que establece la igualdad de trato de los operadores económicos interesados en participar en los procedimientos de contratación y el respeto de la obligación de transparencia.

El origen de la disputa

Fue la asociación de consumidores En Colectivo la que presentó en julio de 2019 ante la Comisión Europea una denuncia, que dio paso a la apertura de un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de la Unión Europea por la prórroga y modificación del contrato de concesión de la autopista AP-9.

En septiembre de 2021, desde Bruselas ya se envió una carta de emplazamiento al Gobierno de nuestro país por considerar que al modificar y al prorrogar el contrato de concesión de la autopista AP-9, sin publicar un anuncio de licitación y sin que haya tenido lugar procedimiento alguno de adjudicación del contrato así modificado, España había incumplido la normativa.

Según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante el inicio de una nueva licitación. En la denuncia presentada por En Colectivo el 9 de julio de 2019 se indicaba que los Reales Decretos 1809/1994 y 173/2000, que conceden sendas prórrogas a Audasa para la explotación de la autopista hasta el 2023 y el 2048, respectivamente, incumplían diferentes Directivas de la Unión Europea.

Desde la Asociación se solicitó a la Comisión Europea que estudiase la legalidad de ambos reales decretos para determinar si se adaptan al derecho comunitario y que, en caso de incumplimiento, se instase al Gobierno de España a dar solución a esta situación y lograr finalmente la anulación de las prórrogas y la supresión de los peajes en la AP-9.

En concreto, se incidía en que las prórrogas aprobadas en los años 1994 -hasta 2023, durante el Gobierno de Felipe González– y en 2000 –hasta 2048, durante el Gobierno de José María Aznar- equivalen a una nueva concesión y, por ello, deberían haberse convocado las necesarias licitaciones. No haberlo hecho, agregaban, «impide el derecho a la libertad de establecimiento y a su ejercicio, y hace imposible la libre prestación de servicios». También se informaba de que estas prórrogas de Audasa «afectan directamente» al comercio de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, al no haber ninguna alternativa a la vía con unas condiciones semejantes, lo que sí ocurre en otros territorios del Estado.