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Bruselas aparca el debate de urgencia sobre las denuncias al proyecto de Altri en Palas de Rei
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha rechazado la solicitud para celebrar un debate de urgencia para abordar la oposición al proyecto de Altri en Palas de Rei
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se cierra a celebrar un debate sobre la denuncias de los colectivos que se oponen al proyecto de Altri en Palas de Rei. El organismo ha rechazado aplicar (18 votos en contra frente a 11 a favor) el procedimiento de urgencia que había respaldado la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, para estudiar la situación que rodea a la iniciativa Greenfiber.
De este modo, la petición para la celebración de este debate se incluirá en la agenda de una futura reunión aún por determinar. Altri, que se ha marcado hasta final de año para tomar una decisión sobre la ubicación de su nueva planta, espera obtener 250 millones de euros de fondos europeos a través del programa del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de descarbonización industrial, ligado al plan de recuperación y resiliencia de España.
La Comisión Europea ya avisó a las autoridades españolas de que son responsables de garantizar las condiciones para evitar el deterioro del embalse de Portodemouros, situado en la cuenca del río Ulla entre las provincias de A Coruña y Pontevedra, que abastecerá a la planta de fibras textiles.
Además, las autoridades españolas deberán tomar medidas si se produce alguna desviación de lo previsto en los permisos, según indicó en junio el entonces comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, en respuesta a una pregunta parlamentaria de la eurodiputada de Podemos, Eugenia Rodríguez Palop, que advierte de que la empresa pretende instalar un sistema de captación de agua con un caudal de 46.000 metros cúbicos al día.
Por su lado, los representantes del PP gallego ya subrayaron su apoyo a la implantación de la factoría de Altri en A Ulloa y acusaron a PSdeG y BNG de actuar como «sucursales» en Galicia del Gobierno central al que afea querer «castigar» a la Comunidad gallega.