Bolivia indemniza a Copasa con 7,6 millones para evitar el arbitraje internacional
La constructora gallega demandó al Gobierno boliviano por la finalización de un contrato, además de incumplimientos contractuales
Imagen de archivo de las obras del AVE a La Meca, en cuyo consorcio participó Copasa
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El Gobierno boliviano cerró el pasado diciembre un acuerdo con Copasa que pasaba por otorgarle unos 8 millones de dólares a cambio de evitar un proceso de arbitraje internacional derivado de una reclamación de la constructora gallega con respecto a la resolución de un contrato adjudicado en 2021. La administración pública aseguró que, de esta forma, conseguía un ahorro de unos 10 millones de dólares.
Según anunció la Procuradoría General de Bolivia, Copasa interpuso una serie de reclamaciones por el proceso de adjudicación de las obras de la carretera entre las localidades de Nazacara e Hito IV, y, en concreto, del tramo entre Santiago de Machaca e Hito IV. Fue alrededor del año 2021 cuando la constructora anunció que había ganado la licitación de la obra por un importe de unos 56 millones de dólares.
Con una longitud de 50,3 kilómetros, se trata de uno de los tramos de carretera más relevantes del departamento de La Paz por formar parte de una ruta que permite acceder a importantes mercados a través de los puertos del Atlántico y del Pacífico por Brasil y Perú.
Según la prensa local, el tramo entre Santiago de Machaca e Hito IV fue finalizado por una empresa distinta, después de resolverse el contrato con Copasa, argumentado retrasos en el cronograma en agosto de 2021.
Las reclamaciones
Ese año, Copasa, según la información de la Procuradoría General, presentó una solicitud de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, reclamando “un resarcimiento económico en seis pretensiones” relacionadas con el contrato suscrito con la Administradora Boliviana de Carreteras. Posteriormente, en septiembre de 2023, Copasa habría presentado una demanda solicitando que se declarase injustificada la resolución de la adjudicación y “denunciando incumplimientos contractuales”.
Pero en enero del año pasado, empresa y administración pública habrían iniciado un proceso de negociación que duró casi todo el ejercicio. “Finalmente, el 5 de diciembre se suscribió un acuerdo transaccional entre Copasa y la Administradora Boliviana de Carreteras, el cual benefició al Estado suprimiendo los altos costos de un arbitraje”, indicó la Procuradoría General, que asegura que con esta entente se genera un ahorro a las arcas públicas de unos 10 millones de dólares.
“Este acuerdo transaccional beneficia al Estado, evitando un litigio que podría haber durado más de dos años y la pérdida de recursos millonarios”, explican desde el organismo.
