Audasa engorda hasta casi los 350 millones su factura pendiente con Xunta y Gobierno

Audasa dispara ingresos, beneficios y también sus cuentas pendientes con las administraciones. La concesionaria de la AP-9 despidió su ejercicio fiscal 2023 con un rebote del 25% en sus ganancias, que se elevaron hasta los 82,6 millones de euros, después de ver cómo su cifra de negocio rebotaba un 12% hasta instalarse en los 192,5 millones de euros.

La filial de Itínere se ha embolsado 275 millones de euros en beneficios en los últimos cinco años, pero, en paralelo, ha disparado también la denominada cuenta de compensación. Audasa cifraba al término de 2021 en 332,1 millones de euros el saldo pendiente de ser abonado por parte de las administraciones, una cantidad que se incrementó hasta los 338,8 millones en 2022 y los 344,7 millones en 2023.

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Bajo esta rúbrica, Audasa incluye tres conceptos clave. El de mayor cuantía se corresponde a las inversiones compensables por las obras contempladas en el Real Decreto 1733/2011. Con él, el Gobierno central aprobó en su momento «una modificación concesional en virtud de la cual, la sociedad podrá, con carácter extraordinario, incrementar sus tarifas de acuerdo con los criterios establecidos en dicho Real Decreto hasta compensar la inversión, los gastos de conservación y demás, derivados de las obras de ampliación de capacidad de diversos tramos de la autopista (circunvalación de Santiago de Compostela y acceso a Vigo, incluido el Puente de Rande)«, según destaca la firma.

«Para resarcir a la sociedad concesionaria de las inversiones a realizar y de los mayores gastos que comportan dichas actuaciones, el citado Real Decreto 1733/2011 contempla, con carácter extraordinario, un incremento de tarifas de acuerdo con los criterios establecidos en dicho Real Decreto que se mantendrá en vigor hasta la total compensación de las inversiones por las obras de ampliación, los gastos de conservación y demás costes derivados de éstas, incluidos los correspondientes efectos impositivos», añade la firma.

En total, Audasa considera que tiene 172,6 millones de euros todavía pendientes de compensar por estas inversiones, lo que supone un descenso respecto a los 185,2 millones de euros a los que ascendía el año pasado. Sí aumentan, por el contrario, los gastos de mantenimiento asociados a estas obras, cuyo importe se ha elevado desde los 16,5 hasta los 20,2 millones de euros.

Unos intereses del 8% por el saldo pendiente

A estas cantidades se suman otros 36,1 millones de euros que Audasa calcula que le deben ser compensados por otro Real Decreto. En este caso se trata del 104/2013, de 8 de febrero, con el que se «aprobó una modificación concesional según la cual, la sociedad, por la aplicación de una bonificación por habitualidad a determinados usuarios que realizan su recorrido entre Pontevedra y Vigo, era compensada junto con la compensación prevista en el Real Decreto 1733/2011».

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Las compensaciones pendientes por este concepto han permanecido inmóviles en los 36,1 millones de euros a lo largo de los últimos años. No así la denominada actualización financiera. «La compensación de estas inversiones y de los gastos asociados a las mismas se calcula mediante el valor capitalizado a una tasa anual del 8% de los flujos de caja relacionados», apunta la firma.

Este concepto ha engordado en los últimos años tras crecer a un ritmo de 26,6 millones de euros en 2022 y 27,2 millones en 2023. De hecho, casi la mitad de este saldo pendiente de compensar por obras como las realizadas para la ampliación del Puente de Rande o la construcción de la circunvalación de Santiago ya se corresponden con esta actualización financiera, que supone 163,5 millones de euros.

La guerra por los peajes en sombra

Además de este saldo pendiente de compensar, Audasa se encuentra pendiente de recibir por parte del Gobierno central las cantidades que le adeuda por la gratuidad de los tramos de Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala. La medida data de 2006 y fue articulada mediante un acuerdo entre el Gobierno central que por aquel entonces presidía José Luis Rodríguez Zapatero y la Xunta de Galicia, con Emilio Pérez Touriño al frente.

Sin embargo, los criterios para calcular las compensaciones que le correspondían a Audasa por la gratuidad de estos tramos se modificaron en el año 2017, con Alberto Núñez Feijóo en la Xunta e Íñigo de la Serna como ministro de Fomento. Bajo esta nueva fórmula, el cobro de Audasa por los denominados peajes en sombra se redujeron a la mitad bajo la premisa de que la concesionaria estaba obteniendo un enriquecimiento injustificado debido al incremento de tráficos que provocaba la liberación de los peajes.

Es por ello que la firma decidió acudir a los tribunales para acudir una compensación y, tras prosperar su causa, el pulso se ha trasladado en los últimos meses a la Xunta y el Gobierno, que han mantenido su particular pulso en los juzgados para determinar quién debe abonar estos pagos. El Tribunal Supremo ha puesto punto y final a esta batalla judicial tras determinar que le corresponde al Ejecutivo central.