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Audasa obtuvo más de 500 millones de beneficios en la AP-9 con las primeras prórrogas de la concesión
Desde 2012, la fecha en la que estaba previsto inicialmente que finalizara la concesión, Audasa ingresó 1.608 millones con los peajes de la autopista
Una comitiva gallega formada por Ana Pontón (BNG), José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG) y Alberto Pazos Couñago (PPdeG) acudió este martes al Congreso para defender el traspaso de la AP-9 a Galicia y la liberación de los peajes de la autopista que une Ferrol con Tui. La ofensiva, que supone el cuarto intento en ocho años de conseguir las competencias de la vía, se materializará en otra proposición de ley para poner fin a la concesión, que no concluye hasta 2048, y transferir la AP-9 a la Xunta.
Sin embargo, el Ejecutivo central ya manifestó semanas atrás que dicha transferencia es jurídicamente inadecuada, al considerar que es una autopista transfronteriza por conectar con Portugal, y que liberar los peajes costaría 4.000 millones, lo que resulta inasumible para las arcas públicas, en palabras del Ministro de Transporte, Óscar Puente. De esta manera, la cuarta tentativa para conseguir la transferencia, una demanda unánime del Parlamento gallego, podría acabar en nada, al igual que las anteriores.
Los números que dejan las prórrogas
Las AP-9, sin embargo, debería haber terminado su periodo como autopista de peaje hace más de una década, en 2012. Ese era el año previsto por el estado franquista para que finalizara la concesión. Los gobiernos de UCD, PSOE y PP alargarían el periodo de explotación de la concesionaria Audasa, del grupo Itínere, hasta 2048, en prórrogas que la Comisión Europea cuestiona por aplicarse sin concurso público y, a su juicio, vulnerar la normativa comunitaria. La única que podría anularse, realmente, es la concedida por el Ejecutivo de José María Aznar (25 años), pues las otras ya han vencido. La de UCD finalizó en 2013 y la del Gobierno de Felipe González, de 10 años, concluyó en 2023.
En ese periodo de prórrogas, entre 2012 y 2023, Audasa obtuvo 507 millones de beneficio gracias a los peajes de la autopista, alcanzando en los dos últimos ejercicios sus mayores ganancias: los 82,5 millones que ganó en el pasado ejercicio y los 66 millones que obtuvo en 2022. Los ingresos obtenidos por la concesionaria se situaron en los 1.608 millones, cifra que se sitúa por encima de la inversión destinada a la construcción de la infraestructura (unos 1.490 millones) y de la deuda financiera acumulada por la filial de Itínere (1.100 millones a cierre de 2023).
Estos ingresos proceden, claro está, del pago de peajes por parte de los usuarios de la vía, aunque la Xunta y el Gobierno ingresan una parte directamente a Audasa por los peajes en sombra y las bonificaciones aplicadas en la autopista merced al pacto de investidura entre el PSOE y el BNG. Estas compensaciones supusieron un desembolso próximo a los 60 millones en el último ejercicio.
Lo que ingresará Audasa
La AP-9 tiene ciertas anomalías respecto al resto de autopistas de la red Estatal. Por un lado, las mencionadas prórrogas, que extendieron 36 años el periodo de explotación y permitirán, si Europa o el Ejecutivo central no lo remedian, que Audasa gestione la vía durante 75 años, mucho después de que otras vías hayan revertido ya al Estado tras finalizar la concesión. Por otro, tanto el PP, con Ana Pastor de ministra de Fomento, como el PSOE, con José Blanco, cerraron pactos con la concesionaria que implicaban subidas de precio para los usuarios, uno para compensar las bonificaciones en los tramos entre Pontevedra y Vigo (ya no está vigente por el acuerdo entre PSOE y BNG para extenderlas a toda la vía) y otro por las obras de la ampliación del Puente de Rande y la circunvalación de Santiago. Dicho de otra manera, la concesión dura más y se encarece más que en el resto de autopistas.
Hasta 2048, cuando revierta en el Estado, Audasa ingresará bastante más de 5.000 millones por los peajes de la AP-9, frente a los aproximadamente 3.600 millones que ha facturado hasta 2023. Los beneficios se situarán por encima de los 2.000 millones de euros en los 25 años que restan de explotación solamente con que la concesionaria mantenga la misma rentabilidad que en el pasado ejercicio.