Cerco a Audasa: el Congreso aprueba el plan para anular la prórroga de la AP-9 con la abstención del PSOE

El Congreso de los Diputados ha aprobado con los votos del PP, Sumar, BNG, Bildu y ERC la moción para exigir al Gobierno que inicie los trámites para anular la prórroga de 25 años, la supresión de los peajes y la transferencia de su titularidad a la Xunta

Recorrido de la AP-9 a su paso por el Puente de Rande

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El Congreso de los Diputados mueve ficha contra la concesión de la AP-9. La Cámara Baja ha aprobado este jueves la moción presentada por el BNG para instar al Gobierno a anular la prórroga de la concesión de la AP-9 que entró en vigor el año pasado y que se extenderá hasta el año 2048.

Con 181 votos a favor de formaciones como el PP, Sumar, Bildu, ERC y el BNG, la abstención de PSOE, PNV y Junts y el rechazo de Vox, el Congreso de los Diputados exige así al Gobierno que elabore un análisis sobre los costes que acarrearía la anulación de la concesión de la principal arteria viaria de Galicia. La moción introdujo una ligera enmienda para que el texto a debate fuese exactamente al mismo que PPdeG, BNG y PSdeG aprobaron el mes pasado en el Parlamento de Galicia.

La pelota se encuentra ahora sobre el tejado del Gobierno tras el empujón a esta moción en la que se insta a poner fin a los peajes en la autopista, anular los 24 años finales de su concesión y traspasar su titularidad a la Xunta de Galicia. «El Congreso insta al Gobierno del Estado a que, en coherencia con el procedimiento abierto por la Comisión Europea, inicie los trámites para la anulación de la prórroga de 25 años otorgada a la concesionaria de la AP-9; la asunción de la gestión directa de la autopista y la supresión de los peajes, y el impulso de la transferencia de la AP-9 a Galicia», reza la moción.

En el texto se añade que «el Congreso insta al Gobierno del Estado a encargar un estudio en el que se exploren las vías jurídicas para la anulación de la prórroga y se evalúen los costes económicos que tendría para el Estado la asunción de la gestión directa de la AP-9».

El ministro de Transportes, Óscar Puente, advirtió semanas atrás que la transferencia de la autopista a Galicia no es «sencilla» y aseguró que liberar los peajes de esta autopista controlada por Audasa costaría unos 4.000 millones de euros a las arcas públicas.

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