Una asociación lusa creada para demandar a multinacionales inicia pleitos millonarios contra Stellantis y MásMóvil

Una asociación portuguesa se ha convertido en el verdadero azote de las multinacionales. Se llama Ius Omnibus y se define como una una organización sin fines lucrativos que trabaja para la defensa del consumidor. Constituida en Lisboa en 2020, inició su recorrido con el “objetivo de crear un nuevo paradigma de legalidad y acceso a la justicia para todos, y poner fin a la impunidad civil de la que han disfrutado las empresas en toda la Unión Europea”. Entre su histórico de pleitos se encuentran acciones incoadas contra compañías como Sony, Apple o incluso TikTok.

Una de las empresas que está en el punto de mira de la organización es Stellantis. En  mayo de 2021 la asociación presentó ante el Tribunal Judicial del distrito de Lisboa una acción popular dirigida contra el fabricante de coches con planta en Balaídos y contra Fiat Chrysler por el utilizar “dispositivos de desactivación ilegales, cuya prohibición fue confirmada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 17 de diciembre de 2020”.

En concreto, desde Ius Omnibus reclaman que se declare que ambas compañías han violado continuamente las Regulaciones de Emisiones desde 2009 y que se les ordene retirar todos los dispositivos de desactivación y compensar a los consumidores afectados. 

Según explican la actuación se ha llevado a cabo por la presencia en vehículos de ambas casas de un total de seis dispositivos de desactivación del sistema de control de emisiones SCR y dos dispositivos de desactivación del sistema de control de emisiones EGR, prohibidos por el Reglamento de Emisiones. Con estos sistemas de desactivación los vehículos afectados obtuvieron la  homologación a pesar de que en “condiciones normales de uso se emiten muchos más óxidos de nitrógeno que los permitidos por la legislación europea”. 

Con todo ello, desde la asociación capitaneada por Miguel Ferro, pretenden que las compañías demandadas paguen compensaciones a los propietarios estimadas en un importe mínimo de 2.702 euros por vehículo.

Denuncia a Nowo por cártel

Otra de las empresas contras las que también se ha dirigido la asociación en Nowo, filial portuguesa de MásMóvil que vendió a Vodafone a principios de año por unos 150 millones de euros capitaneada por el gallego Arturo Dopico. Ius Omnibus acudió el pasado octubre al Tribunal de Competencia, Regulación y Supervisión de Santarém (TCRS) para presentar dos actuaciones contra la compañía y la teleco MEO por “prácticas anticompetitivas”.

Según denuncian, ambas compañías acordaron que Nowo no ofrecería servicios de las zonas geográficas en las que ya prestaba servicios fijos, incluido en no competir con MEO en las zonas de Lisboa y Oporto, además de implementar aumentos de precios y reducir la calidad de sus ofertas conjuntas de servicios fijos y móviles”.

Desde la asociación consideran que con este acuerdo, que supone la participación de las compañías en un cártel, provocó una reducción de la presión competitiva y el aumento de los precios pagados por los consumidores que compraron entre noviembre de 2017 y diciembre de 2019 servicios de telecomunicaciones móviles. Con todo ello Ius Omnibus reclama la compensación a los consumidores representados y afectados por los daños causados por esta práctica anticompetitiva.

Actuaciones contra TitkTok

El pasado mayo la asociación demandó a la aplicación TikTok por prácticas ilegales llegando a reclamar indemnizaciones que ascienden a 1.120 millones de euros. En este caso las actuaciones se llevaron a cabo a través de dos procesos diferentes: uno para menores de 13 años y otro para mayores de esa edad. 

En el primero, se acusaba a la aplicación de no usar debidamente mecanismos para bloquear el acceso, registro y uso de la plataforma por menores de 13 años sin una autorización paterna. También denunciaban que no se ponían en marcha mecanismos para la protección de los datos personales de los menores, algo que suponía su exposición a peligros para su  integridad moral, psicológica y física y para su seguridad y salud, así como para la intimidad de su vida privada y familiar”.

En el caso de los mayores de 13 años, la asociación argumentaba que TikTok vulneraba los derechos fundamentales de personalidad al “utilizar prácticas comerciales engañosas, tratar los datos sin el debido consentimiento de los usuarios y adoptar condiciones poco comprensibles” para conseguir datos que, según apuntaban, enviaban fuera de la Unión Europea. 

¿Beneficio para los consumidores?

El pasado junio el diario portugués Públicó avanzó que estas acciones populares contra las grandes empresas estaban llegando a movilizar millones de euros sin beneficiar a los consumidores, siendo Ius Omnibus la cara visible de estos movimientos en el país vecino. 

Según explicaba el diario, en en apenas dos años y medio la organización llevó decenas de acciones populares ante el Tribunal de Competencia, Supervisión y Regulación (TCSR) por cuantiosas reclamaciones de indemnización. 

Este mecanismo, explicaba el peiródico, conseguía captar la atracción de fondos y abogados porque un porcentaje de consumidores terminan por no reclamar lo que les corresponde, algo que se traduce en una mayor remuneración para la organización.