La Audiencia Nacional archiva la causa sobre la ampliación de capital del Banco Popular en 2012

La Audiencia Nacional ha acordado archivar la investigación sobre la ampliación de capital llevada a cabo por el Banco Popular en 2012. La decisión del juez Santiago Pedraz sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba que la misma «se efectuó conforme a la legislación vigente y siendo sometida a los controles pertinentes».

Tal y como figura en un auto de este jueves, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 decreta el sobreseimiento de la causa al «no resultar debidamente justificada la perpetración» de los delitos de estafa de inversores o incumplimiento de los deberes de información en los que indagaba desde junio del pasado año.

El magistrado hace suyas las conclusiones de la fiscal Belén Dorremochea, que la pasada semana remitió un escrito al Juzgado en el que pedía el archivo de la causa haciendo alusión a un documento clave: la pericial del Banco de España que calificó la operación de «éxito» y que sostenía que la ampliación supuso «una buena inversión con independencia de la rentabilidad que obtuviera cada uno de los accionistas».

En esta línea, Anticorrupción señalaba que la operación «se produjo en un contexto de grave crisis económica mundial que obligó a los diferentes estados a adoptar medidas que paliaran la situación, que en el caso de España consistieron en implementar estrictas medidas en el sector bancario».

En el supuesto del Popular, explicaba la fiscal, «se calculó que tenían que obtener 3.223 millones de euros de recursos propios adicionales y el banco decidió cumplir con los requerimientos a través de sus propios medios sin recurrir a las ayudas públicas, optando por realizar una ampliación de capital en 2012 para cumplir los objetivos requeridos a nivel estatal».

Sin intención de engañar a los posibles compradores

La decisión, continuaba, se adoptó «en una Junta General Extraordinaria, habiendo efectuado varias reuniones de la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración, donde se barajaron las distintas opciones para el aumento de las provisiones, así como las ventajas e inconvenientes, efectuando la operación conforme a la normativa pendiente y presentado la información legamente exigida sobre la situación de la entidad para que los potenciales compradores tuvieran una imagen fiel de la misma».

La fiscal indicaba que, en esa operación, quedó «pendiente reclasificar a dudoso una parte de los importes pendientes identificados por la inspección, reclasificando 3.920 millones de euros en 2013». «Omisión que no se ha considerado suficientemente relevante para empeorar la imagen de la entidad, sin que podamos acreditar que el no incluir esas reclasificaciones en el ejercicio de 2012 se hizo con intención de engañar a los posibles compradores», asevera.

Así las cosas, la Fiscalía tenía en cuenta «que en la información proporcionada ya se abordaba la complicada situación de la entidad, sus pérdidas y las importantes reclasificaciones efectuadas, y que existía un informe de una auditoría independiente, Deloitte, donde se indicaban que las provisiones a dotar en 2012 eran inferiores a las que señalaba la inspección del Banco de España, resultando finalmente beneficiosa la operación para los que participaron, produciéndose desde muy pronto revalorizaciones relevantes de la acción, incluso por encima del mercado».

Origen de la causa judicial 

En el marco de esta investigación, el magistrado tomó declaración al propio Ron y a su vicepresidente Roberto Higuera. Ambos defendieron en sede judicial que el folleto de la ampliación era «claro y transparente y que todas las operaciones relacionadas con la ampliación se realizaron de forma correcta.

Además, el juez también interrogó al exdirector general corporativo y de finanzas del banco Jacobo González-Robatto y el expresidente de la Comisión de Auditoría José Ramón Rodríguez, que sostuvieron que la citada ampliación de 2012 fue «un rotundo éxito».