Los nuevos dueños de San Finx, en guerra con Boric por una mina gigante de hierro y cobre

En julio del año pasado, el histórico yacimiento de wolframio de San Finx cambió de manos. La australiana Pivotal Metals, anteriormente conocida como Rafaella Resources, decidió poner pies en polvorosa tras encajar un duro varapalo en Varilongo cuando la Xunta declaró la caducidad de su concesión. Cuatro meses después vendió los derechos que había adquirido en San Finx a Metais Estratéxicos, una sociedad instrumental de la chilena Andes Iron. La huida Pivotal Metals consumó un nuevo cambio de dueño en las minas de Lousame, que estuvieron previamente en manos de la gallega Incremento Grupo Inversor y de Sacyr, a través de la filial Valoriza Minería, antes de pasar a manos foráneas.

Andes Iron es una empresa muy conocida en Chile, tanto por la controversia generada con su gran proyecto en la Región de Coquimbo, como por los nombres vinculados a su accionariado, donde figuró en su día el expresidente chileno Sebastián Piñera y, actualmente, la familia Délano Méndez, que controla el grupo con un 76% del capital. Sin conocer todavía la hoja de ruta que seguirá en Galicia, la compañía ha conseguido reactivar la iniciativa estrella de su portafolio, para desasosiego del Gobierno de Gabriel Boric, que había intentado tumbarla.

Se trata de la mina Dominga, ubicada en la Comuna de La Higuera, a 70 kilómetros al norte de La Serena. El tribunal ambiental chileno atendió el recurso presentado por Andes Iron y anuló la resolución del Ejecutivo que rechazó la explotación en 2023 por, entre otras cuestiones, considerar que el dictamen del Comité de Ministros de Boric adolecía de imparcialidad.

Se abrió entonces una nueva etapa en el proyecto de Andes Iron, que pretende desarrollar una mina a cielo abierto valorada en más de 2.000 millones de euros. Los recursos del yacimiento permitirían producir 12 millones de toneladas anuales de hierro y una pequeña parte de cobre, para luego embarcarlos hacia Asia para abastecer el mercado chino.

Batalla judicial

El proyecto minero Dominga cuenta con partidarios y detractores en Chile. Los primeros piensan en el empleo que generará en la región, mientras que los segundos ponen el foco en el impacto ambiental, ya que la explotación se ubicaría cerca del Archipiélago de Humboldt, un ecosistema de gran valor natural y lugar de residencia del pingüino Humboldt.

En este segundo grupo está Gabriel Boric, quien se pronunció en reiteradas ocasiones contra la mina, incluso antes de alcanzar la presidencia. Sin embargo, la resolución de su Comité de Ministros acabó desacreditada por el Primer Tribunal Ambiental, que consideró, precisamente, que el posicionamiento de varios miembros del comité contra la apertura de Dominga imposibilitaba una valoración imparcial. Aludió específicamente a la exministra de Minería, Marcela Hernado, y a la de medio ambiente, Maisa Rojas,.que votaron en el cónclave.

El tribunal ordenó un nuevo comité de ministros sin miembros cuya imparcialidad esté comprometida. Tras conocer la resolución, Andes Iron manifestó su disposición ante el Comité de Ministros para atender cualquier planteamiento que ayude a implementar lo instruido por el
Primer Tribunal de Antofagasta, «siempre en el marco de la institucionalidad». «De manera constante hemos demostrado estar disponibles a ir más allá de nuestro EIA en materia de sostenibilidad, acogiendo propuestas de distinta naturaleza, lo cual consideramos debe ser un esfuerzo continuo y dinámico. Así ha quedado de manifiesto en los procesos de participación ciudadana temprana, durante la tramitación de nuestro EIA y en la disposición que tuvimos a conciliar con la contraparte cuando la Corte Suprema nos instó al diálogo», dijo la compañía.

Boric mueve ficha

Sin embargo, la posición del Gobierno chileno parece inclinarse por alargar la batalla judicial. En la víspera de Nochebuena, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, dijo que la decisión ministerial «fue fundada y apegada a la institucionalidad” y explicó que el Servicio de Evaluación Ambiental, en su rol de Secretaría Técnica del Comité de Ministros, interpuso un recurso ante la Corte Suprema “para que los efectos de las sentencias se suspendan hasta que esté resuelta en casación”. “Estos recursos son parte de nuestra institucionalidad jurídica, son recursos que se pueden utilizar y estamos ejerciendo el derecho para utilizarlos», precisó.

El proyecto Dominga es uno de los dos que pretende desarrollar en Chile la nueva dueña de San Finx. El otro se denomina Imán, un yacimiento en la Comuna de Vallenar, al sur de la ciudad de Vallenar y a 40 kilómetros del borde costero en la Región de Atacama. En este caso se trata de una alianza con otra empresa al 50% y está en fase de exploración.