Altri presiona al Gobierno con el aval ambiental de la Xunta para conseguir las ayudas para su fábrica

Altri ha dado un paso clave para materializar su proyecto en Palas de Rei con el ‘ok’ ambiental de la Xunta. Y ahora, piensa en el otro. La compañía lusa siempre ha mantenido que para la construcción de la fábrica de fibras textiles era necesario conseguir los permisos ambientales y obtener fondos europeos que aliviasen el riesgo de la inversión, estimada en unos 1.000 millones. La pastera lusa, como avanzó este medio ya en 2022, cifró en torno a los 250 millones los fondos europeos que necesita.

Salvado el primer obstáculo, Altri ve el camino allanado para superar el segundo. Lo ha dejado claro su CEO, José Soares de Pina, en declaraciones enviadas a los medios: «Desde el Gobierno de España ya se ha trasladado que no tendrán problema para acceder a estos fondos europeos aquellos proyectos que cumplan rigurosamente con los requisitos en materia ambiental. En ese sentido nosotros estamos tranquilos».

El directivo deja claro que superar el trámite a nivel autonómico supone un avance para lograr los fondos comunitarios, y que estos son decisivos para que el proyecto se materialice. En este sentido indica que Greenfiber, la promotora de la factoría en la que participa el mayor accionista de Greenalia, Manuel García Pardo, se encuentra en fase de «exploración» de «las mejores vías para acceder a los fondos que la Unión Europea contempla para apoyar nuevos proyectos industriales alineados con sus planteamientos en materia de sostenibilidad».

Mejoras al proyecto

Soares de Pina asegura que el llamado proyecto Gama «ya cumplía» inicialmente «con todas las disposiciones legales aplicables e incluso las mejoraba en muchos parámetros», pero en el proceso de tramitación han «demostrado» que están «dispuestos a ir mas allá» con «mejoras» en materia de «medición y control y los planes de protección y recuperación de especies protegidas y paisajísticos.

El primer ejecutivo de Altri reivindica en el «carácter estratégico del proyecto» y su capacidad para «convertirse en un agente dinamizador de la economía gallega, española y europea». En esta línea, reitera las cifras defendidas por parte de los promotores de la iniciativa empresarial, que prometen crear «al menos 2.500 puestos de trabajo entre directos e indirectos» y generar un impacto económico de «casi 9.000 millones en los próximos 20 años». Además considera que su impacto irá más allá, al fomentar la ordenación forestal y la innovación en el sector textil.

«Su impacto económico contribuirá a la fijación de población en una área como es el interior del Lugo, que está viviendo un proceso de pérdida y de envejecimiento de población, además de contribuir al fortalecimiento del tejido productivo, especialmente en sectores como la industria y los servicios», añadió.

Protestas y judicialización

La obtención del permiso ambiental otorga al proyecto un aval de aparente neutralidad técnica que servirá, a priori, para despertar un mayor apoyo o, al menos, más contundente. La Confederación de Empresarios de Galicia, por ejemplo, razonó en su momento que respaldaría cualquier proyecto de inversión industrial si cumplía con las condiciones normativas. El alcalde de Palas, del PP, envió un mensaje elocuente este viernes: «Siempre dijimos que si había aval de los técnicos, tendría apoyo a muerte».

Frente a este relato, la plataforma Ulloa Viva ya manifestó que darán la batalla en el ámbito judicial y en las calles para tratar de frenar la fábrica. De hecho, ha hecho un llamamiento a todos los vecinos y vecinas del entorno del río Ulla a salir este domingo, a las 12.00 horas, a las plazas de sus pueblos para gritar alto y claro Altri Non!.