Altri afronta una nueva carrera de obstáculos: busca conexión eléctrica y 500 millones para su fábrica

Altri ha completado con la declaración de impacto ambiental de la Xunta uno de los hitos clave en su camino a la fábrica de pasta soluble y fibras textiles que quiere construir en Palas de Rei (Lugo). Aunque el visto bueno de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade era condición sine qua non para el proyecto, el más voluminoso en cuanto a inversión de los impulsados por el Gobierno gallego a los fondos Next Generation, la pastera lusa todavía tiene que salvar algunos obstáculos más. Los dos principales atañen a la conexión eléctrica de las instalaciones y al plan de financiación de la factoría, cuya puesta en operación requerirá de unos 1.000 millones de euros, según la estimación de la propia compañía.

A este objetivo aludió el CEO de Altri, José Soares de Pina, al señalar que «desde el Gobierno de España ya se ha trasladado que no tendrán problema para acceder a fondos europeos aquellos proyectos que cumplan rigurosamente con los requisitos en materia ambiental». La pastera gana el aval de la Xunta y pone su mirada en el Ejecutivo central, que reparte las ayudas y debe dar el visto bueno a una conexión que garantice el suministro eléctrico suficiente para que la fábrica pueda operar.

Así financiará Altri su fábrica gallega

El esquema de financiación que plantea Altri requiere poner sobre la mesa 500 millones. De estos, unos 280 millones podrían llegar a través de fondos europeos. La compañía opta a 30 millones del Perte de descarbonización y aspira a recibir otros 250 millones en ayudas directas, lo que implica contar en ambos casos con el respaldo europeo al proyecto y, claro está, con el del Gobierno español, responsable de conceder o no dichas ayudas. A estos 280 millones se sumarían otros 220 millones procedentes del «sector privado», en referencia a la propia aportación de la compañía o de sus socios, que actualmente se limitan a Smarttia, el holding con el que Manuel García Pardo controla la mayoría accionarial de Greenalia y el el 25% de Greenfiber, la filial que promueve la fábrica de Palas de Rei.

Según explicaron fuentes próximas a la compañía portuguesa, los otros 500 millones para completar los 1.000 que requiere el proyecto corresponderían a deuda comercial, en aparente referencia a pagos aplazados a proveedores o contratistas de la planta. En base a este plan, Altri pondría inicialmente el 22% de los fondos en la inversión para la que reclama las ayudas, que podrían cubrir el 28% del desembolso total.

A priori, la pastera también tendrá que capitalizar Greenfiber, la sociedad que está impulsando la fábrica y que, al menos a cierre de 2023, contaba con menos de 20 millones de fondos propios, es decir, menos de un 2% de la inversión que pretende desarrollar. Altri, por su parte, presentaba en sus últimas cuentas, correspondientes al tercer trimestre de 2024 –el 20 de marzo presenta sus resultados anuales– una caja de 244 millones

La deuda era a cierre de septiembre de 250 millones, por lo que la construcción de la planta podría más que triplicarla, aunque cabe señalar que el proceso de construcción es largo, con una previsión de entre 33 y 36 meses, es decir, entorno a los tres años.

Electricidad para Altri

Altri prevé una demanda eléctrica de 110 megavatios durante la fase de operación de la planta, que estará equipada con una subestación eléctrica propia al noreste de las instalaciones que hará de punto de interconexión con una línea de 220 kV, según la documentación del proyecto remitida a la Xunta. Este viernes, tras conocerse el ‘ok’ ambiental, la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, pidió al Gobierno que facilitase esta conexión, que depende de la nueva planificación eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica, tutelada por Redeia. El departamento de Sara Aagesen indicó tras el mensaje de Lorenzana que esta planificación “priorizará las demandas industriales que más valor añadido puedan aportar al país”.

Lo cierto es que Altri confía en que la vocación del Ejecutivo por priorizar en la infraestructura eléctrica los proyectos vinculados a la descarbonización permita al complejo contar con el suministro necesario, del mismo modo que estima que el aval ambiental de la Xunta justifica que cumple los requisitos europeos para acceder a fondos públicos. Tan sintético como sus compañeros de Transición Ecológica, el ministro de Industria, Jordi Hereu, se limitó a decir que no habrá un trato injusto para la fábrica de fibras textiles, ni tampoco de favor: «Nosotros estamos en la posición de tramitarlo como cualquier otro proyecto, no tengo nada más que añadir”. Y nada más añadió.

La judicialización del proyecto

Salvado el complejo trámite ambiental, los retos que quedan no son pocos y todavía se dibujan en el horizonte algunos obstáculos más. Entre ellos, el de la previsible judicialización del proyecto, algo que hace tiempo que se da por hecho en el ámbito político y empresarial. Si la fábrica de Altri sale adelante será pasando por los juzgados. La amenaza se intensificó este viernes, pues la plataforma Ulloa Viva, detractora de la iniciativa de la compañía portuguesa por su posible impacto ambiental, advirtió que ejercerá «todas las medidas administrativas y judiciales» en contra de las resoluciones que autoricen la puesta en marcha de la factoría. En la misma línea, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aseguró que desde su formación darán la batalla en el ámbito «político, social y legal» para intentar paralizar la iniciativa.